Hay dos casos contundentes que muestran los altos niveles de corrupción a los que ha llegado la política colombiana. Se podría decir que son su epitome, su máxima expresión. Uno de ellos es el caso de Juan Manuel Santos (JMS), el cual sigue no solo mintiendo (ya definitivamente es un caso patológico, que es del resorte de la siquiatría) sino haciendo lo que le da la gana; comprando conciencias (que es un caso que se cura con una habitación tras de rejas).

JMS ya no piensa sino que delinque. ¿Cómo es posible que un presidente con el más bajo nivel de aceptación en la historia nacional tenga aun tanto poder ante las otras ramas del poder público? ¿Cómo es posible que el periodo presidencial más nefasto del que se tenga memoria, tenga aun tanto poderío, y no haya sucumbido ante las protesta no solo de la oposición sino del grueso de la población colombiana? JMS tiene un rechazo del 82% de la población. Es tal vez la persona más detestable en el suelo patrio y el presidente mas vilipendiado que se ha sentado en el solio de Bolívar.

La respuesta no es otra que el uso desmesurado de un poder presidencial que cuenta con un poderoso presupuesto de más de 900 billones de pesos, en un país tomado por la cultura del dinero facial, donde casi todos tienen un precio.

Y el otro caso, muestra de ese alto nivel de corrupción, que se podría decir es el atomizador del actual deterioro de la política nacional, predecesor de este aberrante fenómeno; Ernesto Samper Pizano. Y es tan obscena la situación que el personaje a pesar de su debacle moral ante la conciencia colectiva, no tiene recato alguno de no solo seguir dando cátedra acerca la honestidad, sino de persistir en mantener intacto su poder político.

El Estado colombiano a partir del Frente Nacional creó una estructura parecida a una mafia, en la cual no existen restricciones para acatar la ley. Es un clan que es inmune a cualquier tipo de sanción. El fraude, la estafa, el robo, no son considerados por esta mafia como delitos penales, sino que son considerados como actos civiles del ámbito de lo privado, donde no cabe lo penal, y que han generado un ambiente “legitimo” de inmunidad. La justicia solo se ha dedicado a dirigir los procesos de corrupción de este clan mafioso, para que queden en la total impunidad. No existe un poder público que pueda poner un límite y fin a este fenómeno, que en los dos gobiernos anteriormente mencionados llegan a su máximo estado de degradación.

Gran oportunidad histórica tiene la nación y la sociedad civil, de buscar mecanismos internacionales; en la ONU y en Washington (ya se hizo en Guatemala), para poder adelantar las estancadas investigaciones, e ir logrado realmente destapar estos clanes, verdaderas escuelas del delito, que hoy además tienen un componente adicional que es el dinero del narcotráfico.

@rodrigueztorice

Publicado: abril 6 de 2017