Los magistrados del CNE tenían pruebas suficientes para avanzar en las investigaciones contra Santos y Zuluaga. Serían investigados por prevaricato.

Tal y como se ha venido denunciando en este portal, los miembros del consejo nacional  electoral orquestaron una maniobra corrupta para enredar y dejar que llegara la caducidad en las investigaciones a las campañas presidenciales de 2014, en lo relacionado con la financiación ilegal por parte de la cuestionada Odebrecht.

Desde comienzos de año, la fiscalía general de la nación le entregó al CNE suficiente material probatorio que daba cuenta de la financiación ilícita de Odebrecht a las campañas de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga.

Con base en esas evidencias, se iniciaron sendas investigaciones. El magistrado Carlos Camargo se encargó de estudiar el caso de Zuluaga y Ángela Hernández el de Juan Manuel Santos.

Se ha dicho equivocadamente que sólo existían pruebas testimoniales, cuando en el expediente también obran copias de las transacciones bancarias que confirman lo dicho por altos ejecutivos de Odebrecht que están colaborando con la justicia de Brasil, Estados Unidos y Colombia.

La declaración más importante es la que brindó Eleuberto Martorelli, quien aseguró haber autorizado el giro de dinero para favorecer a ambos candidatos. LOS IRREVERENTES revelaron en exclusiva el testimonio de quien fuera el presidente de Odebrecht en Colombia durante la campaña de 2014 (Lo invitamos a leer “Odebrecht compró las elecciones de 2014”).

Pero la declaración de Martorelli no era la única prueba que tenía el CNE en su poder. La fiscalía trasladó al tribunal electoral otras piezas que resultaban esclarecedoras, las cuales no fueron tenidas en cuenta por la mayoría de integrantes de dicho órgano que prefirió poner en marcha un plan delictivo para enredar el proceso, ganar tiempo y permitir que llegara la fecha de la caducidad, como en efecto sucedió.

El CNE no tuvo la menor voluntad de esclarecer los hechos. Tenían en su mano elementos válidos como la aplicación del principio de “verdad sabida, buena fe guardada”, el cual ha sido avalado en distintas oportunidades por la corte Constitucional.

En el caso de Santos, los miembros del CNE conocieron pruebas irrefutables, como las copias de dos transacciones por medio millón de dólares cada una, a favor de la empresa BBDO en Panamá.

Aquellas transferencias, sumadas a los testimonios de distintos testigos, confirmaban que efectivamente Odebrecht financió al menos una encuesta de la campaña santista. Lo que llama la atención es que en todos estos meses, la magistrada Ángela Hernández no haya evolucionado en la investigación.

Respecto del doctor Óscar Iván Zuluaga, el testimonio de Martorelli fue muy claro: Odebrecht se encargó de coordinar la reunión con el publicista Duda Mendonça y luego de que se acordó que él sería contratado por la campaña zuluaguista, la empresa se comprometió a pagar la suma de $1.6 millones de dólares. Además de la declaración del presidente de Odebrecht, está la copia de las 3 transferencias de dinero desde una cuenta de la empresa brasilera a la cuenta de la compañía Topsail Holding, en un banco de Suiza. El dueño de Topsail Holding es el publicista Eduardo Duda Mendonça.

Dos investigaciones, distintos desarrollos

Las investigaciones en el CNE empezaron al mismo tiempo. Por un lado, la magistrada Hernández se encargó de llevar el proceso contra Santos, sin que hubiera hecho mayor gestión respecto de la práctica de pruebas. A pocas horas de que deba decretarse la caducidad, en la secretaría del CNE no se ha radicado el proyecto de auto sobre apertura o cierre sobre el caso de Santos.

El proceso contra la campaña de Zuluaga tuvo una evolución distinta. El magistrado instructor, Carlos Camargo presentó ante el pleno del CNE su proyecto para abrir pliego de cargos contra la campaña desde el 10 de mayo de este año. LOS IRREVERENTES pudieron confirmar que el despacho de Camargo realizó 110 actuaciones administrativas, 20 de ellas ante la propia fiscalía general de la nación.

En criterio de una funcionaria del CNE que habló con este portal, existían méritos suficientes para que la sala plena procediera a votar el proyecto radicado por Camargo.

El enredo en la discusión corrió por cuenta del magistrado Bernardo Franco, quien exigió que debía hacérsele un interrogatorio al publicista Mendonça, lo cual resultaba perfectamente imposible porque ese sujeto está desaparecido y nadie sabe en qué lugar del planeta se encuentra escondido.

Lo cierto es que el consejo nacional electoral tenía todos los elementos para avanzar en las investigaciones contra las campañas de Santos y Zuluaga y, apelando a leguleyadas de la peor naturaleza, decidieron engavetar los procesos para permitir que éstos fenecieran por cuenta de la caducidad, como en efecto sucedió.

Aquello, por supuesto, ha generado molestia en la fiscalía general de la nación, ente que nutrió con suficiente material probatorio para que el CNE pudiera llevar a buen término las investigaciones. La mayoría de magistrados se hicieron los de la vista gorda y no se descarta que su irresponsabilidad se traduzca en una investigación en contra de ellos por el delito de prevaricato.

@IrreverentesCol

Publicado: julio 14 de 2017