El escándalo Odebrecht no puede olvidarse. Se trata de la operación de corrupción más delicada de la historia de Colombia.

Como era de suponer, Santos, apoyado por los medios de comunicación que tiene en la nómina oficial, trata de tender una cortina de humo sobre el monumental escándalo de corrupción que salpica a su gobierno, desviando la atención del debate.

Desde el mismo instante en que empezaron develarse hechos que ponen en evidencia la corrupción del gobierno, empezando por dos de sus funcionarias estrella, Gina Parody y Cecilia Álvarez –involucradas hasta los huesos en la contratación corrupta de una carretera que sólo beneficia a la familia de Parody, propietaria de un puerto en el municipio de Gamarra-, Santos se ha dado a la tarea de manipular a la opinión pública para que no se cuestione la inmoralidad de su gobierno.

El presidente no se zafará fácilmente del escándalo en el que uno de sus principales articuladores es nadie menos que su hombre de confianza y para muchos su lugarteniente, Roberto Prieto Uribe, uno de los más tenebrosos corruptores del régimen.

Como revelaron LOS IRREVERENTES, Prieto fue el artífice de la entrada de millonarios aportes de Odebrecht a la campaña de 2010, a través del pago directo de $400 mil dólares en afiches (Sobre este tema, no deje de leer “Odebrecht aportó dinero a la primera campaña de Santos”).

Pero el asunto es mucho más profundo. Los vínculos de Prieto con Odebrecht trasciende a los ilegales aportes a la campaña. Otto Bula, en su delación, reveló la entrega de por lo menos un millón de dólares a Prieto, a través de uno de sus testaferros, el cuestionado empresario Andrés Giraldo, un oscuro y corrupto empresario antioqueño con quien Prieto sostiene una estrecha relación de amistad (Para conocer más sobre las prácticas oscuras de Andrés Giraldo, lo invitamos a leer “Las triquiñuelas de Giraldo”).

El gobierno no ha sido claro. Santos no ha dicho toda la verdad y la justicia, por supuesto, no ha podido determinar el nivel real de la corrupción del presidente y sus aliados. Los tiempos procesales siempre van más despacio de lo que la sociedad espera. El proceso debe llegar hasta las últimas consecuencias y castigar a todos los implicados, empezando por el primer beneficiario de esa empresa criminal: Juan Manuel Santos.

El 1 de abril pasado, el pueblo colombiano se movilizó en distintas ciudades del país bajo una misma consigna: decirle no más al régimen corrupto e ilegítimo de Santos. Un gobierno que se robó el resultado del plebiscito del 2 de octubre, que le entregó la democracia a la banda terrorista de las Farc y que se eligió y reeligió con el dinero inmundo de la corrupción.

Las resultas de este proceso no pueden ser el encarcelamiento de personas de tercer nivel. Las cabezas de la trama de corrupción tienen que ser castigadas ejemplarmente. Las señoras Gina Parody y Cecilia Álvarez, no pueden quedar impunes. Tampoco el director de la agencia nacional de infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade, quien justifica su decencia por el hecho de haber trabajado en una multinacional.

Igualmente, la fiscalía cuentacon suficientes evidencias para abrir un proceso formal e imputar cargos a Roberto Prieto, un delincuente de cuello blanco que es, sin duda alguna, un peligro para la sociedad. Prieto hace mucho tiempo debería estar en el lugar reservado para criminales como él: la cárcel.

Es deber de la sociedad impedir que Santos logre salirse con la suya y que, apoyado por un grupo de supuestos periodistas influyentes, logre hacer que el país se olvide de la peor operación de corrupción que se ha registrado en nuestra historia.

@IrreverentesCol

Publicado: abril 10 de 2017