La verdad es que desde que salió de la presidencia, Juan Manuel Santos se ha aislado del panorama político de Colombia y de la región. Aparte de mostrarnos su buena vida montando bicicleta en Key Biscayne y de las ovaciones en los escenarios internacionales donde aun le creen, Santos ha estado mudo frente a la debacle interna y externa en la que dejó al país.
Para nadie es un secreto que la cada vez más candente situación en Venezuela, en parte se le debe a él. Los millones de venezolanos que tuvieron que escapar de su país en búsqueda de un plato de comida y de asistencia médica básica deben llevar a Santos ligado a su profundo desprecio por Maduro porque a Maduro lo preparó Chávez pero lo terminó de cocinar Santos. Esa complicidad no solo tuvo consecuencias para los venezolanos sino que afectó a toda la región porque esa violación de los derechos humanos y libertades de los venezolanos originó un gran exilio que por hoy supera los tres millones de individuos que han tenido que buscar refugio en países, como el nuestro, que no estaban preparados para recibirlos. Todo esto nos indica con claridad palpable que su complicidad con ese brutal régimen constituirá un estigma indeleble.
En el aspecto interno, durante su gobierno, Santos implementó una especie de política integral de lucha contra la lucha de las drogas. Decisiones tales como la prohibición de la fumigación con glifosato, la promesa de compra de hectáreas sembradas con cultivos ilícitos y el mismo acuerdo de paz fueron el caldo perfecto para que el negocio de la droga hiciera boom.
Por otro lado polarizó al país y masacró a las instituciones a las que arrodilló para sacar adelante un acuerdo que solo produjo réditos para su imagen internacional; endeudando al país como nunca había estado durante su vida republicana.
Así como todos los criminales regresan a la escena del crimen, Juan Manuel Santos atinó a aparecer justo en la semana en que su monstruo jurídico creado en el más sofisticado laboratorio socialista del siglo XXI, estallaba en escándalos de corrupción.
Una operación en cubierta de la Fiscalía General de la Nación que terminó con la captura del Fiscal Bermeo de la JEP, del ex militante del M-19 Gil y de otros integrantes de una organización conformada con el propósito de ponerle trabas al proceso de extradición de Jesús Santrich, hizo temblar los cimientos de una estructura institucional ya cuestionada. Además, los escándalos que se han destapado alrededor de las contrataciones con tintes politiqueros tales como los contratos de prestación de servicio para Miguel, el hijo de Ernesto Samper, y para un yerno de Darío Arizmendi, terminaron de ponerle un manto de duda difícil de levantar.
Santos regresó para exponer su punto de vista ante la Corte Constitucional con respecto a la fumigación con glifosato que fue prohibida durante su gobierno con el argumento de que dicha sustancia podría ser cancerígena para los seres humanos. Argumento que se cae por su propio peso ya que: primero, no hay consenso alrededor de un estudio científico que lo concluya, segundo, no ha sido prohibido para la fumigación de cultivos lícitos y tercero hay sustancias declaradas cancerígenas como el asbesto que no han sido prohibidas en el país. ¿Qué nos dice esto? Que la decisión de prohibir la fumigación con el glifosato fue una sentencia política presuntamente para beneficiar el aumento vertiginoso de los cultivos ilícitos, porque tendrían que haber prohibido el glifosato para todos sus usos y deberían haber erradicado todas las sustancias cancerígenas tales como el asbesto, el cigarrillo y las carnes frías.
El largo discurso de Santos ante la Corte Constitucional se puede resumir en dos puntos. El primero fue que reveló su total incapacidad de luchar contra el flagelo de las drogas y de los fenómenos criminales a pesar de haber sido Ministro de Defensa del gobierno de Álvaro Uribe que logró los niveles más bajos de cultivos y de reinserciones de guerrilleros y el segundo fue plantear, a través de una anécdota de Winston Churchill, que las ganancias generadas por el tráfico de drogas deberían ir al fisco en vez de al bolsillo de los narcotraficantes. En conclusión Juan Manuel Santos regresó al país para plantear la legalización de las drogas. En manos del presidente Duque queda que Colombia no se convierta en un narco estado.
Publicado: marzo 8 de 2019