El gobierno prepara calculadamente el desconocimiento del veredicto del pueblo que le dijo NO a los acuerdos con las Farc.

En el argot de la política criolla a la trampa o fraude se le llama “chocorazo” y eso es, precisamente, lo que está cocinando lenta y calculadamente el gobierno del presidente Santos, después de que se configurara la maravillosa victoria del NO en el plebiscito.

Antes de las votaciones, se decía que si el NO ganaba, se respetaría el resultado y, como bien afirmaba durante la campaña el jefe negociador Humberto de La Calle, “si gana el NO significará que el acuerdo no existe”.

Claro, todas esas expresiones estaban motivadas por la confianza que el gobierno y las Farc tenían frente a la inminente victoria. Nadie se imaginó que el NO fuera a imponerse. Y desde el mismo instante en que se conocieron los resultados, el desconcertado gobierno ha intentado voltear el veredicto al precio que sea.

El senador Armando Benedetti, fungiendo como un mandadero de poca monta, empezó a mover la tesis ridícula de que las votaciones del plebiscito deben repetirse en los municipios donde aquel 2 de octubre la lluvia, según él, impidió que los ciudadanos concurrieran a las urnas.

Aunque la tesis es pintoresca y raya en el ridículo, no sorprendería que un juez o magistrado, de esos que se dejan sobornar con monedas de baja denominación, le dé validez y ordene la reapertura de las urnas, poniendo a la democracia colombiana al mismo nivel de la de repúblicas fallidas como Burkina Faso o Haití.

Dado que el gobierno y las Farc no tienen la menor disposición de asumir que el acuerdo no fue validado por el pueblo colombiano, razón por la que se resisten a aceptar que se le introduzcan cambios en los asuntos fundamentales del mismo, lo que se avecina es un arbitrario e ilegal desconocimiento del veredicto popular.

Expresiones como que el acuerdo no puede ser modificado en temas como justicia y participación en política de los miembros de las Farc incursos en crímenes de lesa humanidad, dan a entender que el gobierno aspira a que los voceros del NO se limiten a proponer cambios cosméticos, cuando la realidad es que 6.5 millones de colombianos votaron para que la guerrilla no quede impune y sus jefes no sean premiados con curules gratuitas.

Se ha querido manipular con el cuento de que el acuerdo es vigente dado que copia del mismo fue radicada en una oficina en Berna, Suiza. Aquella tesis es tan falsa que el propio Humberto de La Calle, en las reuniones que ha sostenido con la oposición en las últimas horas ha reconocido que aquello no es cierto.

Las Farc, por su parte, aseguran que el capítulo de justicia no puede ser renegociado. Es perfectamente natural que se opongan a ello. Al fin y al cabo, de imponerse lo contenido en ese acuerdo, los jefes terroristas tendrán garantizada la impunidad y de paso se convertirán en los amos y señores de la justicia en Colombia, con la capacidad de ordenar el encarcelamiento de todos aquellos que se les oponga.

No hay que llamarse a engaños: el capítulo de justicia del acuerdo es, en la práctica, la claudicación del Estado Social de Derecho que impera en Colombia. Es un cheque en blanco girado a nombre de las Farc con el que podrán ganar en los tribunales todo aquello que perdieron en el campo de combate.

La oposición, los millones de ciudadanos que votaron por el NO en el plebiscito deben estar perfectamente preparados para lo que viene. Santos, amparado en su Nobel de Paz va a hacer hasta lo imposible para tumbar el resultado del plebiscito, ya sea a punta de demandas o, simplemente, pasando por encima de la voluntad del pueblo. Al fin y al cabo, él ya no es el presidente de Colombia, sino el “nobel Juan Manuel Santos” y esa condición le concede una patente de corso con la que hará, como él acostumbra decir, “lo que le dé la gana”.

@IrreverentesCol