Urge una ley impulsada por todos los congresistas con representación en Bogotá e inclusive extendido a otras ciudades para que tramiten una norma sin efectos retroactivos, pero que a futuro proteja a los ciudadanos de tributos o impuestos confiscatorios, es decir una ley que no permita el cobro de valorizaciones futuras hasta no haber terminado por lo menos el 70% de las obras de pasada valorizaciones con el visto bueno de la veeduría distrital, enn Bogotá ya nos van a cobrar la cuarta valorización y de las anteriores solo se ha terminado 1 de cada 3 obras, faltando más de 100 por concluir.

Inclusive y con ánimo de ser más reformista llevaría este articulo a la reforma del 1421 que es la norma que nos organiza administrativa y políticamente a los bogotanos, y cuya reforma debe buscar una mayor gobernabilidad de la ciudad, que en mi concepto se encuentra paralizada por: i) polarización política ii) excesivo centralismo y iii) indiferencia ciudadana.

Para el primer caso, la propuesta de una segunda vuelta para la alcaldía de Bogotá, por costosa que sea, es una plata que no va a salir de la economía del país y que sirve para darle mayor legitimidad a quien llegue al Palacio de Liévano. Mientras que respecto a los factores ii y iii poco se ha propuesto y ahí es donde dejo está constancia que en caso de volverse ley tendría que pasar un fuerte examen de constitucionalidad, pero vale la pena hacer el esfuerzo, las ideas audaces son las que nos van a sacar de la mediocridad.

Entonces, trasladaría a inspecciones locales de policía la mayoría de las más de 150 funciones que tienen los alcaldes locales, a estos los pasaría a elegir popularmente los ciudadanos después de haber pasado los requisitos meritócraticos, tendrían un presupuesto fijo y no a merced del Alcalde Mayor y podrían ellos cobrar la valorización para obras en sus localidades, con esto le aumentaríamos la responsabilidad política a los ediles que hoy en día no es mucho lo que puedan hacer por sus comunidades y a veces las JAC o las mismas asambleas de los edificios sirven más para resolver problemas cotidianos.

Mejor dicho, los alcaldes locales dejarían de ser delegados de una subdirección de la secretaria de gobierno y pasarían a ser dirigentes con responsabilidad política y los ediles pasarían de ser unos líderes comunales a unos verdaderos gestores locales, además se limitaría el cobro de valorizaciones hasta que las obras estén culminadas y estas serían ejecutadas en el nivel local con un fuerte control ciudadano, es decir se le abriría la puerta a un gobierno local eficiente, a una ciudadanía empoderada y a un gobierno distrital ordenado.

@JuanPCamachoS

Publicado: febrero 20 de 2019