Con complacencia hemos recibido la noticia de la reciente libertad del general en retiro del Ejército Jaime Humberto Uscátegui, quien fue condenado en todas las instancias judiciales del país a 37 años de prisión por la “omisión impropia” en que, según las autoridades, incurrió en la masacre de Mapiripán de 1997.

La libertad de Uscátegui tuvo su origen en la polémica Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a la que el otrora oficial se sometió voluntariamente.

En este mismo espacio hemos criticado con dureza a la JEP y lo seguiremos haciendo porque no nos cabe duda de que es un engendro hecho a la medida de las Farc para perseguir sin piedad a sus enemigos y críticos.

Así y todo, insisto, nos alegra que Uscátegui haya regresado a casa porque es un hombre bueno que por más de 30 años le sirvió a Colombia.

Como se recordará, el 15 de julio de 1997 un escuadrón paramilitar ingresó al remoto poblado de Mapiripán, en el departamento de Meta, y durante cinco días asesinó a un número indeterminado de personas.

Y decimos indeterminado porque si bien en principio se habló de 49 víctimas mortales, con el paso de los años se estableció que muchas de esas “víctimas” en realidad no lo fueron, esto es, que embaucadas vaya uno a saber por quién se dieron a la tarea de engañar al Estado para hacerse a millonarias indemnizaciones.

Pero veamos cómo ha sido el vía crucis del general Uscátegui:

Sucedida la masacre, la Fiscalía General se dio a la tarea de esclarecer los hechos. Se estableció que, entre el 15 y el 20 de julio de 1997, el juez de Mapiripán, Leonardo Cortés, se comunicó telefónicamente en varias oportunidades con el mayor Hernán Orozco Castro, entonces comandante del Batallón Joaquín París de San José del Guaviare, y lo puso al tanto del derramamiento de sangre que estaban perpetrando los dementes paramilitares.

A su vez, Orozco Castro, vía fax, le informó sobre los hechos de Mapiripán al general Uscátegui, quien fungía como comandante de la VII Brigada del Ejército con sede en Villavicencio.

Hace algunos años, el hoy presidente Juan Manuel Santos, en calidad de ministro de Defensa, confirmó lo que todo el mundo sabe: que Uscátegui y la VII Brigada no tenían mando operacional sobre Mapiripán.

Todo parece indicar que Uscátegui, tiempo después del homicidio colectivo, le habría pedido a Orozco que modificara el tono de un primer oficio (número 2919) que le envió por los días de la masacre con base en las conversaciones que había sostenido por teléfono con el juez Cortés.

Dando por hecho que Uscátegui se enredó con el cambio del oficio 2919, es evidente que pudo haber incurrido en una falsedad. Pero, ¿eso lo hace responsable de los homicidios cometidos en Mapiripán? Desde luego que no.

En medio de todo ese enredo judicial, Uscátegui fue detenido en 1999 y desde entonces ni él ni su familia han tenido un día de paz.

Primero fue condenado por la Justicia Penal Militar. Esa sentencia, sin embargo, fue revocada por un recurso de amparo o de tutela en la Corte Constitucional. El juez de primera instancia lo condenó a 41 meses de cárcel por falsedad y lo absolvió en lo relacionado con los homicidios.

Meses después el Tribunal Superior de Bogotá revocó esa sentencia y condenó a Uscátegui a 40 años de prisión. Finalmente la Corte Suprema de Justicia dejó la pena en 37 años de cárcel.

No hay duda de que Uscátegui ha sido víctima de una vendetta judicial promovida por diversas organizaciones no gubernamentales.

Tanto es así que el mayor Orozco Castro, por el hecho de haber declarado contra Uscátegui, fue sacado del país y hoy vive a sus anchas en Estados Unidos pese a estar condenado a 40 años de cárcel por los mismos hechos.

La propia Corte Suprema, en 2014, “desvirtuó la participación (de Uscátegui) como coautor de los delitos contra esa comunidad (de Mapiripán), al descartar que haya sido aliado de los paramilitares que los cometieron”.

El alto tribunal, no obstante, “confirmó su responsabilidad en los hechos porque incumplió el deber de protección a la población civil, pese a tener la posición de garante institucional que le asigna la Constitución Política a los miembros de la Fuerza Pública”.

Que Uscátegui haya quedado libre gracias a la JEP es una gran noticia porque, si bien es un oficial que cometió errores mínimos en el tema de Mapiripán, nunca participó en los homicidios. Que eso quede claro. El oficial en retiro ha dicho que hasta el cansancio pregonará su inocencia en la JEP.

Pero, sin querer ser aguafiestas, de lo que sí estamos seguros es que la JEP no será un sistema de justicia benévolo, como lo ha querido hacer ver en el caso de Uscátegui y de otros militares.

Poca o ninguna credibilidad merece una justicia en la que sus jueces serán escogidos por un grupo de izquierda  que no han escondido ni esconden, en su mayoría, su simpatía por las guerrillas.

@CancinoAbog

Publicado: mayo 12 de 2017