A raíz de la indagatoria al presidente Uribe, algunos políticos del Centro Democrático han hecho una insoportable exhibición de zalamería a los magistrados de la sala de primera instancia de la corte suprema, pasando de largo frente a una realidad que es insoslayable: Uribe está siendo investigado por sus enemigos. 

Con buenas maneras y mensajes de generosidad, los salvajes que se atrevieron a llevar al presidente al banquillo de los acusados, no van a recapacitar y ponerle fin a la infamia que pusieron en marcha, siguiendo instrucciones del sector más corrupto de la justicia.

Es posible que sean ciertas las especulaciones en el sentido de que el magistrado sustanciador, Cesar Reyes sea cercano a Pilar Rueda, esposa del senador comunista y aliado de las Farc, Iván Cepeda. Pero lo que no tiene espacio para las dudas es que los jueces de Álvaro Uribe Vélez son sus opositores ideológicos. 

La teoría del derecho penal del enemigo, desarrollada por el doctrinario alemán Günther Jakobs, sostiene que una persona es sancionada judicialmente no por haber violado la ley, sino por ser quien es. 

Uribe está en la mira de la justicia por una vindicta política, no por haber cometido delitos. Lo acusan, absurdamente de comprar y manipular testigos. ¿En cabeza de quién cabe que un testigo puede ser sobornado por $200 o $400 mil pesos? Resulta inaudito que los magistrados de la corte suprema, esos mismos que venden sentencias judiciales por miles de millones de pesos, hayan sentado al expresidente sobre el banquillo de los acusados, fundamentados en los subsidios menores que el abogado Diego Cadena le hizo a algunos testigos, para efectos de sufragar gastos de viaje. 

El soborno de testigos es un crimen claramente definido en el código penal y es evidente que, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente contra el presidente Uribe, ni el exmandatario ni su abogado incurrieron en aquel delito. 

Pecan de candidez aquellos que en las últimas horas han expresado su “confianza” en la sala de instrucción de la corte y en el magistrado que tomó la indagatoria. Durante más de 10 años, la corte suprema está armando el tinglado sobre el que proyectan “sacrificar” al presidente Uribe. Algunos dicen que los integrantes de la actual corte, son distintos, olvidando que quienes actualmente ocupan la magistratura, son sus herederos. No se puede pasar de largo que quien reemplazará al fugitivo cabecilla del “Cartel de la Toga”, Leonidas Bustos, es Fabio Ospitia, persona que ejerció durante muchos años como su magistrado auxiliar. 

Los que hoy se visten con toga, son una suerte de “clones” de aquellos que se encargaron de convertir al Palacio de Justicia en una cloaca en la que abunda la podredumbre. 

Así que, tratando con guantes de seda y enviando considerados y generosos mensajes de confianza a los magistrados de esa cuestionada corte suprema de justicia, no se desactivará el brutal montaje contra el presidente Uribe quien, duele decirlo, ha quedado atrapado en las garras de sus peores enemigos. 

Aquellos uribistas que con tanta vehemencia han querido reivindicar la supuesta imparcialidad de la corte, deberían hacer un replanteamiento y entender que, desde ya, hay que empezar a denunciar la falta real de garantías en el proceso del Presidente Uribe, tanto en Colombia como en tribunales internacionales.

@IrreverentesCol

Publicado: octubre 11 de 2019