La inmensa mayoría de los colombianos llevamos semanas siendo testigos de la manera como en este casi mes y medio de paro nacional y respondiendo a intereses de carácter político – tal como lo manifestó abiertamente un directivo de FECODE en recientes declaraciones-, se ha destruido el aparato productivo del país y, más grave aún, como resultado de las aglomeraciones, el sistema de salud está a punto de colapsar.

Es así, como en medio de violentos disturbios protagonizados en el Portal de Las Américas, finalizó la visita de observación de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos. La visita de la CIDH, que contó con el acompañamiento del gobierno nacional, tenía como objetivo principal verificar las denuncias que varios políticos de la oposición realizaron, en torno a los hechos violentos presentados en el desarrollo de las manifestaciones sociales.

Hasta el cansancio hemos reprochado el accionar de los violentos y exhortado a nuestra fuerza pública para que en el marco de lo que ordena la Constitución y las leyes, garanticen el legítimo derecho a la protesta pacífica y protejan a la población del accionar de los delincuentes y que por supuesto, se investigue, con todo el rigor, tal como lo vienen haciendo los entes de control del Estado,  a aquellos servidores públicos que hayan cometido algún tipo de irregularidad.

Es por esto, que sería sumamente importante que en medio de ésta verificación que realiza el organismo internacional, se pongan en evidencia las graves afectaciones económicas que el paro y sus promotores han traído para la población del país. En medio de una de las más profundas crisis de las que se tenga registro, con niveles de desempleo y pobreza sin precedentes, frenar, de manera ilegal, la entrada de alimentos básicos de la canasta familiar y con esto, encarecer su precio, es, por demás, una canallada que atenta directamente contra millones de personas, principalmente los menos favorecidos. Tan violatorio de los derechos humanos las agresiones y uso desmedido de la fuerza que se han visto de parte y parte durante las protestas, como obligar a aguantar física hambre a la población. Tan delicados los hechos violentos que cada noche se presentan en los barrios, como el bloqueo de las vías y la destrucción paulatina del aparato productivo de las regiones. Nada justifica la destrucción del país.

En medio de semejante panorama tan desalentador, desde el pasado 8 de junio, en una medida que considero la indicada -dados los avances en el plan nacional de vacunación, el cual, debo reconocer, como crítico que he sido de la gestión del Presidente Duque, marcha a buen ritmo- se ordenó la reapertura de la totalidad de los sectores de la economía. La verdad sea dicha, nuestro país no soportaba más. La pobreza está nuevamente inundando las ciudades y los campos, el avance social y económico que se logró en las últimas décadas, como resultado de la recuperación de la seguridad y la confianza inversionista, se ha ido al traste por la pandemia y por un gobierno errático que no reaccionó a tiempo y sigue leyendo de manera equívoca la nueva realidad mundial. Urge acelerar la recuperación económica. Urge atacar la pobreza y brindar nuevas oportunidades a nuestros jóvenes. El angustioso llamado que ha realizado el Presidente Uribe para que de manera inmediata se presente y tramite la Reforma Tributaria que se necesita, donde sean los más pudientes quienes aporten a la recuperación, pone aún más en evidencia, la necesidad de acelerar el ritmo y evitar, como resultado de la desesperación de la gente, que Colombia caiga en manos del populismo. La reactivación económica, la recuperación de las pequeñas y medianas empresas, la renta básica y el subsidio al pago de las nóminas y la protección a los más desvalidos, debe der ser, hoy por hoy, la única prioridad de todos los actores políticos en el país.    

El empréstito aprobado el año anterior para Bogotá, destinado para financiar el plan de recuperación económica, sumado a las recientes medidas de ajuste al Plan de Inversión Distrital, anunciadas por la Alcaldesa López y que suman algo más de 12 billones de pesos, deben de iniciar, de manera inmediata, el proceso que impulse a todos los sectores de la ciudad. El cambio en la postura de la alcaldesa – quien en un primer momento optó por cerrar en totalidad la ciudad, lo que trajo consigo prácticamente la quiebra de un sin número de pequeños negocios y empresas- aunque tarde, puede significar un salvavidas definitivo en medio de la caótica situación que se vive a diario en la ciudad: asegurar la alimentación a los niños, matrícula cero en universidades públicas, la protección a madres cabezas de familia, a la niñez y a los jóvenes, así como la generación de empleo y la lucha frontal contra la pobreza. Esperamos, por el bien de todos los bogotanos, que los tan anunciados programas de rescate, inicien de manera inmediata. Cada día que pasa, que se pierde en trámites y enredos burocráticos, significan la destrucción de cientos de empleos. Es el momento de actuar y acelerar el ritmo.

@JcolmenaresE

Publicado: junio 13 de 2021