Tres días después del atentado cometido contra la Escuela de Policía General Santander que segó la vida de 21cadetes, y después de que miles de colombianos -sin distingo político alguno- nos solidarizáramos con los familiares de las víctimas y la Policía Nacional, saliendo a las calles en una multitudinaria marcha que se expendió a lo largo de todo el país rechazando el terrorismo, el Eln finalmente aceptó su responsabilidad en la explosión dirigida contra esa escuela de formación.

A través de un comunicado de prensa, la agrupación terrorista se adjudicó la autoría del ataque, señalando que el carro bomba al haberse dirigido “en contra de una instalación militar en la que reciben instrucción y entrenamiento, los oficiales que luego realizan inteligencia de combate, conducen operaciones militares y participan activamente en contra de la guerra contrainsurgente” no constituía un acto terrorista.

Este acto beligerante que cobró la vida de 21 jóvenes, y que se suma al innumerable prontuario criminal del Eln, establece un serio precedente frente a los retos que presenta la posible salida pacífica al conflicto con esta guerrilla. Pues, no solo se trata de un grupo armado que carece de ideales políticos, por cuanto lo que busca es aumentar su participación en el negocio del narcotráfico, a través de la ejecución de una estrategia terrorista que ha provocado desplazamientos masivos en regiones como Norte de Santander y Chocó con el fin de controlar los territorios claves para el narcotráfico, sumado a los 89 atentados en oleoductos y los  cerca de 100 asesinatos cometidos desde 2017; hechos que evidencian una ausencia de una voluntad real de paz. 

Fruto del acto criminal del fin de semana, el presidente Iván Duque levantó la mesa negociación y reactivó las órdenes de captura en contra de los miembros del equipo negociador de la guerrilla en La Habana, poniendo fin a una mesa de negociación cuyos resultados fueron una agenda de cinco puntos que carecían de metodología y practicidad para negociar y un Eln fortalecido. Guerrilla que se caracteriza por no obedecer a una estructura jerárquica -lo cual dificulta la negociación en bloque- que actúa principalmente a través de milicias urbanas y que, desde el atentado a la estación de policía en Barranquilla, han reavivado el sentimiento de inseguridad y zozobra en la población colombiana.

La persistencia de estos actos criminales por parte de estos grupos al margen de la ley derivan en gran medida de las excesivas y desmedidas concesiones que en el pasado fueron ofrecidas a los terroristas, y que hoy les hacen creer, que pueden sentarse a hablar de paz con el Gobierno colombiano, mientras continúan delinquiendo impunemente, destruyendo familias y cegando vidas inocentes.

Es por eso que celebro la decisión del Presidente Iván Duque de levantar la mesa de negociación con el Eln, y la del Consejo de Seguridad de ONU, al señalar la necesidad de que todos los Estados parte colaboren con Colombia para capturar a los integrantes del Eln. Como sociedad debemos enviar un mensaje y es que, para negociar debe existir una voluntad real de paz y que aquella organización que carezca de ella, será perseguida con toda la contundencia de la ley.

@SamuelHoyosM

Publicado: enero 25 de 2019