La corte constitucional “legalizó” el fraude contra el plebiscito del 2 de octubre, hiriendo de muerte a la democracia colombiana.

La corte constitucional, integrada por unas mayorías santistas cruzó una línea muy delicada al resolver que en los próximos 12 años ningún presidente de la República podrá tocar el acuerdo celebrado entre Santos y la banda terrorista de las Farc.

Esa decisión es, en la práctica, un misil contra la voluntad popular. Si en las elecciones presidenciales venideras la mayoría ciudadana vota por un candidato que proponga cambios y reformas al acuerdo, aquella decisión libre y democrática no tendrá ningún efecto, por cuenta de la arbitraria, abusiva y a todas luces decisión ilegal de la corte constitucional.

Aquel tribunal, buscando “blindar” el acuerdo con los terroristas de las Farc, volvió trizas a la democracia colombiana, entregándole el control absoluto del futuro del país a un grupo que continúa siendo considerado como terrorista por la comunidad internacional.

En virtud del acuerdo, las Farc tienen que asumir unos pocos compromisos. Si la estructura en su integridad resuelve no cumplir con su parte, no habrá forma para reversar el acuerdo.

La ciudadanía votó en octubre de 2016 contra lo pactado entre Santos y Timochenko. El NO triunfador, fue vulnerado y desconocido. Todo apunta a que aquellas mayorías volverán a hacerse sentir en las elecciones del año entrante, tanto en las de congreso como en las presidenciales.

Por obra y gracia de la abusiva decisión de la corte constitucional, unas nuevas mayorías parlamentarias y un gobierno que refleje el sentir de quienes se oponen a buena parte de las concesiones otorgadas a las Farc, no podrán cumplir con el mandato que les será entregado por el pueblo. Una corte integrada por 9 magistrados, la mayoría debidamente aceitados por la Casa de Nariño y extralimitando sus funciones, ha decretado que el sentir popular no tendrá validez durante los próximos 12 años, algo perfecta y absolutamente inadmisible.

Semejante ruptura institucional, obliga la búsqueda de una solución estructural para salvar a la democracia. La primera de ellas, es la constituyente, figura extrema que entraría a poner orden en la casa, luego del desbarajuste institucional causado por el gobierno de Santos.

La decisión de la corte constitucional, además de ser abusiva e ilegal, es un desafío y una burla a la mayoría que en el plebiscito del 2 de octubre votó por el NO.

Una decisión mayoritaria y libre que fue alevosamente desconocida por el gobierno y la banda terrorista de las Farc, ahora es “legalizada” por unos magistrados prevaricadores que además de ultrajar al pueblo, han pisoteado a la democracia.

Cuando los regímenes abusan y vulneran los derechos de la gente, ésta siempre reacciona defendiendo sus derechos. Santos y sus adláteres en la justicia y en el congreso, llevan 7 años pasando por encima de la ley y de las decisiones mayoritarias. Y la respuesta a aquellos desmanes será depositada en las urnas, con ocasión de las elecciones del año entrante, elecciones que están bajo sospecha, pues no está claro que el gobierno, que harta experiencia tiene en materia de fraudes y delitos electorales, vaya a respetar el veredicto popular.

Lo cierto es que la corte constitucional, tribunal que fue creado para ejercer de gendarme de la norma superior, contrariando su naturaleza y razón de ser, no solo la destruyó sino que hirió de muerte a la democracia. Lo que no lograron hacer las Farc con sus bombas y fusiles, la corte lo hizo a través de una ignominiosa sentencia.

@IrreverentesCol

Publicado: octubre 13 de 2017