Genera profunda indignación la infame campaña de desprestigio que sistemáticamente pretende acabar con la reputación y el buen nombre de la institución más querida por todos los colombianos, la cual, vale señalar, ha sido construida a pulso y sangre por los miles de soldados que durante décadas han arriesgado su vida en combates en la selva para proteger al País de las amenazas del narcotráfico y el terrorismo.

En efecto, ahora resulta que para ciertos medios que hace unos meses querían que se les sirviera en bandeja de plata la cabeza del General Nicacio Martínez, el Ejército expidió una directriz para unificar la versión institucional sobre el “conflicto armado” en la JEP y la Comisión de la Verdad.

Y eso… ¿qué tiene de malo?

Me explico. Hay un elemento que siempre hay que recordarle a la opinión pública y es que la composición de la JEP y la Comisión de la Verdad fue una verdadera ofensa contra las Fuerzas Militares. No solamente porque no se les respetó el derecho a ser juzgados por su juez natural (otro militar), sino porque el acuerdo con las Farc llenó esas dos instituciones de funcionarios que han sido acérrimos enemigos de los soldados y policías de la Patria.

Por ejemplo, en la Comisión de la Verdad el 54.4% de los comisionados se han enriquecido trabajando como defensores de víctimas del Estado y solamente el 9.1% han fungido como defensores de víctimas de las Farc. En otras palabras, la inmensa mayoría de sus miembros han inflado sus cuentas bancarias atacando en estrados judiciales las actuaciones del Ejército.

Por eso, por esa falta de garantías e imparcialidad, es que esta directriz lejos de ser una manipulación de la cúpula militar para encarrilar testimonios, es una legítima actuación del Ejército Nacional para salvaguardar la honra institucional que en la JEP y, sobre todo, en la Comisión de la Verdad están a punto de hacer trizas.

Ello, dado que, si bien es verdad que la JEP amenaza la responsabilidad individual de los soldados, el daño potencial que puede generar la Comisión de la Verdad es mucho más notorio a nivel institucional, toda vez que lo más probable que suceda es que esa entidad saque un informe donde exculpe buena parte de la responsabilidad histórica de las Farc y le eche la culpa de la violencia a un Estado nefasto y poco participativo que utilizó su aparato militar para destruir pobres campesinos que no se alzaron en armas para enriquecerse con secuestros extorsivos y tráfico de drogas, sino para luchar por un País más justo.

Como consecuencia de esa notoria falta de garantías es que el Ejército debe seguir firme en presentar una versión institucional sobre los orígenes y el desarrollo de la violencia en el País. Aunque lo más probable es que sea una causa perdida, las Fuerzas Militares no pueden dejar de dar la legítima pelea para dejar en alto el nombre de la institución en los libros de la misma manera que se ha ganado esa reputación en los campos de batalla.

Pareciera que ahora las confrontaciones se trasladaron del terreno de la valentía militar al escenario de la infamia judicial y extrajudicial.

@Tatacabello

Publicado: agosto 23 de 2019