El exministro Diego Palacio Betancur fue encarcelado y condenado de manera absolutamente injusta. Demostrado está que los magistrados de la corte suprema de justicia resolvieron sentenciarlo a 8 años de prisión motivados por el odio que sentían contra el presidente Uribe y su gobierno.

No existe prueba alguna de que el exministro haya cometido el delito por el que la corte resolvió acabar con su vida.

Para nadie es un secreto que el doctor Palacio fue uno más de los uribistas contra los que un sector de la justicia corrupta y criminal descargó toda su ira, en aras de perjudicar el legado del gobierno de la Seguridad Democrática.

Quienes deberían estar tras las rejas son esos magistrados prevaricadores que unánimemente decidieron condenar a Palacio Betancur por razones politiqueras y no él, quien perdió muchos años de su vida en una cárcel a la que fue conducido injustamente.

No hay que alegrarse por la libertad que le fue concedida a Diego Palacio, porque él nunca debió haberla perdido. Pero sí es motivo de regocijo que por lo menos pueda empezar a recomponer su vida, luego de estos años de ignominioso encierro.

El doctor Palacio no recupera su libertad porque la justicia corrupta que lo condenó haya reconocido su equivocación, sino porque ha cumplido el plazo legal que le permitió a su defensa solicitar la libertad condicional.

Pero la injusticia sigue. La condena canalla que le fue impuesta aún está vigente. Su buen nombre continuará mancillado hasta que la corte suprema reverse la condena contra Diego Palacio, o que al menos se le conceda la oportunidad de una segunda instancia donde se valore con objetividad el caso para llegar a una conclusión que salta a la vista de todos: el exministro de protección social del gobierno de Uribe no cometió delito alguno.

El caso de Palacio, como el de Luis Carlos Restrepo, Bernardo Moreno, Pilar Hurtado y Sabas Pretelt son ejemplos de la descomposición de la justicia colombiana que está en mora de ser reformada desde sus pilares más profundos.

Que le nuevo gobierno, apoyado por un congreso de mayorías afines, se comprometa con el pueblo colombiano a emprender una reestructuración general de la rama judicial. Colombia no soporta más magistrados como los que actualmente tiene. Los que no vendes sus fallos –como Gustavo Malo y Leonidas Bustos-, fallan movidos por sus animadversiones políticas. El código penal debe ser utilizado para perseguir a quienes realmente son un peligro para la sociedad y no para amedrentar a aquellos que actúan dentro del marco democrático de la nación.

@IrreverentesCol

Publicado: marzo 2 de 2018