Esta semana, un juez de garantías deberá resolver la solicitud de la defensa del presidente Uribe, respecto de su libertad, luego de que la fiscalía asumiera el control del montaje judicial que hizo en su contra la corte suprema de justicia, tribunal que en evidente prevaricato ordenó su detención domiciliaria. 

Tal y como se ha podido constatar al conocer la totalidad del expediente que está siendo revelado por el canal digital de la revista ‘Semana’, no hay prueba de que Uribe haya cometido delito alguno, o le haya dado alguna instrucción indebida al señor Diego Cadena, quien fungió como abogado suyo para lleva a cabo la práctica de algunas evidencias. 

Lo cierto e incontrovertible es que el presidente Uribe lleva más de un mes secuestrado como consecuencia de una orden judicial cargada de valoraciones politiqueras y en la que, al contrario, no se encuentra una sola razón de tipo jurídico. 

No se puede olvidar que el articulador de ese acto de barbarie es el magistrado Cesar Augusto Reyes, oriundo de Duitama y beneficiario de la ‘mermelada’ de Santos. A través de un cuestionable contrato de cerca de $600 millones de pesos, el gobierno anterior llenó las alforjas del secuestrador del presidente Álvaro Uribe.

Aquel contrato es, ante todo un monumento a la corrupción, pues quien fuera la supervisora de Reyes en el cumplimiento del mismo, luego fue nombrada por este como asistente suya en la corte suprema. 

Además, es evidente que Reyes pisoteó la apariencia de imparcialidad pues sus vínculos con Iván Cepeda –‘Don Iván’- saltan a la vista de todos. Igualmente, el contrato con el que fue favorecido por el gobierno de Santos tenía relación directa con los asuntos de la negociación con la banda terrorista Farc, proceso del que Cepeda era su principal promotor, facilitador, asesor y consejero. 

Durante los años de los diálogos, el congresista de la extrema izquierda permaneció durante largas temporadas en La Habana ayudando a perfeccionar el acuerdo de impunidad. 

Reyes, que fue contratado para visitar terroristas de las Farc en las cárceles -una práctica criminal que mucho le gusta a Cepeda- tenía relación directa con un asunto que beneficiaba a ‘Don Iván’, quien funge como supuesta víctima del presidente Uribe Vélez. Aquella realidad era más que evidente y Reyes debió advertírselo a sus colegas en la corte suprema. 

Pero se quedó muy ‘calladito’ para no entorpecer su plan criminal de llevar al presidente Uribe hacia una detención ignominiosa de la que tendrá que salir en la audiencia que está prevista para esta semana. 

El proceso contra el presidente debe empezar de nuevo, pues la fiscalía se guía por un código de procedimiento distinto -ley 906- al que implementó a corte suprema -ley 600-. En aquel escenario, mientras el fiscal designado para el caso, Gabriel Jaimes conoce el expediente, se empapa del mismo, revisa todas y cada una de las piezas para efectos de tomar una decisión respecto del caso, el presidente Uribe no puede seguir ilegalmente privado de la libertad.

A las cosas hay que llamarlas por su nombre: desde el momento mismo en que la corte suprema remitió el expediente del exmandatario a la fiscalía, la cuestionable detención está recubierta por el manto de la ilegalidad, toda vez que una persona investigada por la fiscalía general no puede estar limitada en su locomoción sin que medie la decisión de un juez de garantías como consecuencia de una audiencia pública de imputación de cargos. 

Cada segundo en el que el presidente Uribe permanezca ilegalmente privado de la libertad, es un kilómetro más en la autopista de la iniquidad que se está cometiendo en contra suya.

Así que la de esta semana será, sin lugar a dudas, una diligencia histórica en la que el presidente Uribe tendrá que recuperar la libertad que nunca debió haberle sido restringida.

@IrreverentesCol

Publicado: septiembre 14 de 2020