A través de un fallo de 26 paginas, el juez 23 civil de Bogotá, el cartagenero Tirso Peña Hernández negó la acción de tutela presentada por el abogado del presidente Uribe, Abelardo De La Espriella, en contra del difamador Daniel Mendoza Leal, autor de la cadena de WhatsApp denominada matarife.

La tutela fue presentada en aras de proteger los derechos fundamentales a la honra, buen nombre y dignidad humana, evidentemente vulnerados en la serie canalla y mentirosa denominada matarife y que se distribuye a través de una cadena en WhatsApp, pero que también se ha distribuido por distintas redes sociales como Twitter, Facebook Instagram

La pretensión de la defensa del señor expresidente Uribe Vélez era clara: lograr que un juez de tutela validara los derechos que tiene el exmandatario colombiano, quien ha sido víctima de una atroz campaña de desprestigio y descalificación personal.

De nada sirvieron los argumentos, pero sobre todo las demoledoras evidencias presentadas en la acción de tutela. Los videos, las entrevistas ofrecidas por el difamador, los trinos, las referencias, las acusaciones directas y demás ataques sistemáticos de ese sujeto. El juez pasó de largo y, desde el primer renglón de sus consideraciones, dejó entrever que Álvaro Uribe Vélez es el único ciudadano colombiano que no tiene forma de hacer respetar sus derechos fundamentales. 

En el fallo, queda claro que Mendoza no respondió la tutela: “El accionado y demás vinculados pese a estar debidamente notificados, guardaron silente conducta dentro del lapso para responder…”. Entonces, llama la atención que los abogados de izquierda que ayudan al difamador Mendoza Leal anden reclamando una supuesta victoria profesional. 

Para el juez, el difamador es un simple “particular que no presta ningún servicio público… tampoco se demuestra que sea el administrador o propietario de algún medio de comunicación o plataforma de red social, para tenerlo válidamente como un sujeto de derechos que tenga que resistir, como particular, una acción de tutela como la actual, en su contra”.

No deja de ser sinuosa la lógica del juez Tirso Peña, pues como Mendoza Leal no es el dueño de WhatsApp, Facebook, TwitterYouTube y demás redes sociales por las que se distribuye el bodrio audiovisual denominado matarife, entonces está habilitado para humillar y denigrar al presidente Uribe, pues él, Mendoza, solamente es un usuario de esas redes. 

Uno de los argumentos más retorcidos del juez, tiene que ver con las cuentas de Twitter y Facebook del presidente Uribe. Según él, el exmandatario debió ahorrarse la presentación de la acción de tutela para hacer valer sus derechos fundamentales y, en vez de ello, pudo haber acudido a las redes sociales para defenderse. 

“…Lo que sí tiene el actor [el presidente Uribe] es capacidad, formación académica, habilidades, aptitud y, en fin, todas las posibilidades personales, económicas, tecnológicas, jurídicas (pool de abogados) y hasta asesores de imagen para enfrentar los embates del accionado [Mendoza Leal] y, en específico, para repeler o controvertir sus opiniones, dichos y manifestaciones, utilizando los medios o instrumentos de difusión que utiliza aquel…”, se lee en el fallo.

Básicamente, el juez está concluyendo que los ciudadanos en vez de golpear a las puertas de la justicia, que es un ente civilizado para la resolución pacífica de controversias y diferencias, deben acudir a herramientas propias para defenderse. Eso se constituye en un burdo y reprochable llamado a ejercer justicia por mano propia, algo que tiene que ser radicalmente rechazado, máxime si la invitación emana de un miembro de nuestra rama jurisdiccional. 

Sin duda ninguna, la conclusión más abstrusa del fallo es la que pisotea el derecho a la presunción de inocencia que le asiste al expresidente Álvaro Uribe.

En palabras del juez Peña Hernández si bien es cierto que el presidente Uribe no ha sido condenado, “el actor [Álvaro Uribe Vélez] no demuestra si existen o existieron en su contra investigaciones por los hechos referidos por el accionado [Mendoza Leal]…” Y aquello es suficiente para que Mendoza, abuzando de su derecho a la libertad de expresión y de opinión, pueda denostar al doctor Uribe Vélez. 

Ese fallo de tutela es, en resumidas, un monumento a la iniquidad y una evidencia irreductible del miserable sesgo politiquero que mueve a algunos jueces de la República.

Este portal pudo confirmar que el abogado del presidente Uribe ya está preparando la impugnación de ese fallo, la cual tendrá que ser revisada por el tribunal de Cundinamarca cuyos magistrados, se espera, tengan mayor rigor jurídico e imparcialidad que el pintoresco juez Tirso Peña Hernández. 

Otras tutelas presentadas por el abogado del presidente Uribe, Abelardo De La Espriella, fueron falladas favorablemente en segunda instancia, como las que en su momento se formularon en contra de Gustavo Bolívar y Claudia Nayibe López. 

@IrreverentesCol

Publicado: julio 8 de 2020