Aún se sienten los estragos del “cartel de la Toga” en el palacio de justicia. Los magistrados que le quedan a la corte suprema, están enfrascados en una visceral disputa politiquera, por los puestos y el poder.

Algunos observadores, aseguraban que la elección del próximo fiscal general de la nación sería el punto de partida para perfeccionar un entendimiento entre los 16 magistrados que hoy integran la sala plena. 

Además de la designación de la persona que habrá de reemplazar a Néstor Humberto Martínez, es necesario que se nombren las personas que tienen que llenar las 7 vacantes que hay en las 3 salas del tribunal. 

El problema más grave, está en la sala laboral, donde la pugna ha llegado al extremo de que los magistrados de esa célula ni siquiera se han puesto de acuerdo para elegir al presidente y vicepresidente de la misma. 

La corte suprema está a un paso de quedar en el peor de los mundos, pues el 28 de febrero del año entrante, culmina su periodo otro magistrado, con lo que solo quedarán 15, número de integrantes insuficiente -de acuerdo con el reglamento- para conformar quorum.

Al margen de todas las valoraciones de tipo procedimental, la discusión es de fondo: la corte suprema en particular y la justicia en general, desde hace más de 20 años ha observado un acelerado proceso de descomposición moral. 

El escándalo del “cartel de la toga”, es el más reciente, pero no el único y seguramente tampoco será el último, si no se hace, cuanto antes, una reforma profunda e integral a la justicia. 

Hace 15 años, por ejemplo, uno de los asientos del máximo tribunal de nuestra justicia estuvo ocupado por un sujeto de bajísima catadura moral: Yesid Ramírez Bastidas, un hombre que tenía una estrecha relación de amistad -¿y societaria?- con dos delincuentes de altísima peligrosidad. Uno de ellos, el mafioso italiano Giorgio Sale. El otro, un tramitador de sentencias y “lobista” ante la justicia de apellido Reyes. 

Augusto Ibáñez, un operador político boyacense de menor cuantía, luego de ser literalmente aplastado en unas elecciones para el Congreso de la República, recibió como premio de consolación una de las 9 sillas en la sala penal. El promotor de ese nombramiento fue el máximo exponente de la politiquería criolla, Germán Vargas Lleras. 

Ibáñez, asociado con Yesid Ramírez, Francisco Ricaurte -hoy preso-, Cesar Julio Valencia Copete y Leonidas Bustos -hoy prófugo-, entre otros, convirtió a la corte suprema en un directorio político desde el que se puso en marcha la más sucia y rastrera oposición al gobierno del presidente Uribe. 

Los magistrados, que tienen la función de trazar las líneas jurisprudenciales de nuestro ordenamiento legal, se convirtieron en convidados frecuentes -en muchos casos, diarios- del mafioso Sale. Bacanales con prostitutas, ríos de alcohol y otras sustancia, fiestas en planchones por el río Magdalena, vuelos chárter pagados por un narcotraficante y demás actividades que le deslucen completamente a un togado, estaban en el primer lugar de su orden del día. 

Los magistrados que hoy se están despedazando por unas migajas de poder, son los herederos de los sujetos que no hace muchos años tomaron la innoble determinación de condenar a altos funcionarios uribistas, por razones políticas, como ellos mismos lo reconocieron en una de sus reuniones. 

Una de las tareas que tiene pendiente el gobierno del presidente Duque es el de la reforma a la justicia. Él, que ha sido un exponente de la cultura de la legalidad, tiene claro que con una administración de justicia convertida en una inmunda cloaca, difícilmente los colombianos volverán a tener confianza y respeto por la rama jurisdiccional. 

Ya se empiezan a oír voces en el sentido de que la corte, a comienzos del año que viene, devolverá la terna. Resultaría absolutamente inadmisible que lo hicieran. Su deber es el de elegir al próximo fiscal, de los nombres que ya fueron presentados por el presidente de la República. Los 3 aspirantes, cumplen con los requisitos que impone la constitución, razón por la que un eventual retorno de la terna, deberá ser asumido como un prevaricato oceánico de esos deleznables politiqueros, que ostentan el inmerecido título de magistrados de la corte suprema de justicia.  

@IrreverentesCol

Publicado: diciembre 18 de 2019