Apareció un manifiesto redactado por una ONG marginal de la ciudad de Washington, cargado de mentiras contra el presidente Uribe.

Hace pocos días el Council on Hemispheric Affairs- COHA publicó un informe intitulado “Alvaro Uribe: The Most Dangerous Man in Colombian Politics”, que traducido al español sería “Álvaro Uribe: el hombre más peligroso de la política colombiana”.

Al leer el título del documento de 6 páginas, se puede prever el talante del mismo que valga decirlo, está cargado de citas de prensa y sin una sola referencia a decisiones judiciales ni a valoraciones académicas juiciosas e imparciales.

La firmante de ese análisis es la señora María Alejandra Silva, una estudiante de Relaciones Internacionales de la universidad George Washington.

El COHA es una ONG abiertamente de izquierdista, sin mayor impacto en el gremio de los think tanks  de Washington. Fue fundado a mediados de la década de los 70 del siglo pasado por un sujeto llamado Larry Birns, cuyo mayor logro profesional fue el de haber hecho parte de la misión de las Naciones Unidas en Chile, durante el régimen comunista de Salvador Allende. Actualmente, Birns dirige dicha entidad desde una pequeña oficina ubicada a las afueras de la capital estadounidense.

En el documento de María Alejandra Silva, en el que el exguerrillero y miembro del cuestionado colectivo de abogados José Alvear Restrepo, Alirio Uribe es una de las fuentes de información, se encuentran abundantes críticas al gobierno del presidente Uribe, al que la autora califica de haber tenido “un evidente respaldo de los paramilitares de la derecha y en el que se cometieron severos abusos contra los derechos humanos”.

La poca rigurosidad de la “analista” se hace evidente cuando en uno de los párrafos asevera que el “ministro de transporte de Uribe fue hallado culpable de corrupción y ahora está en prisión”.

Durante los 8 años de la administración de Álvaro Uribe, el ministerio de Transporte estuvo en manos de Andrés Uriel Gallego, un hombre íntegro y consagrado al servicio público que murió el 17 de abril de 2014, luego de una larga y dolorosa agonía producida por el cáncer. El exministro Gallego ni siquiera fue investigado y por ende, jamás estuvo tras las rejas.

Entre las sindicaciones hechas por la autora del documento contra el expresidente Álvaro Uribe, se leen aseveraciones que no tienen el menor sustento lógico ni argumentativo: “Muchos familiares cercanos de Uribe han sido encarcelados acusados de apoyar a los paramilitares, incluido un hermano suyo. En 2016, Santiago Uribe fue arrestado por establecer un grupo paramilitar llamado Los doce apóstoles. Aunque Álvaro Uribe no ha sido implicado en ese caso, el hecho de que muchas reuniones del grupo [los doce apóstoles] hayan ocurrido en la hacienda familiar y que Álvaro Uribe fuera el gobernador de la región en aquel momento, hace increíble que él no estuviera involucrado con el grupo”.

Lo primero, es que en ninguna parte de la débil acusación contra Santiago Uribe se prueba que las reuniones de los supuestos doce apóstoles hubieran sido en la finca de su familia. Pero lo más grave es que la autora de ese paper llegue a conclusiones tan delicadas partiendo de premisas que en absoluto son concluyentes. El hecho de que Uribe hubiera sido gobernador de Antioquia, no lo convierte en responsable ni partícipe de los actos ilegales que se hubieran cometido en aquel departamento durante su mandato.

María Alejandra Silva, autora del panfleto mentiroso que circula en Washington

Hay más mentiras e imprecisiones

Pero aquella no es la única conclusión irresponsable a la que arribó la “académica” Silva quien aseveró en su escrito que “Uribe fue el arquitecto de la ley de justicia y paz…La ley fue altamente criticada por expertos en derechos humanos porque en la práctica fue una ley de amnistía”.

La autora desconoce deliberadamente que las personas incursas en crímenes de lesa humanidad que se sometieron a justicia y paz fueron condenadas por los delitos que cometieron, imponiéndoseles las penas previstas en el código penal y adicionalmente se les benefició con una pena alternativa de 5 a 8 años. En el momento en que los postulados incumplan sus compromisos, las condenas principales se activan con lo que estarían enfrentados a pasar en la cárcel muchos más años.

¿Acaso de los desmovilizados que se acogieron a justicia y paz pueden ser elegidos en cargos de elección popular? ¿El gobierno de Uribe le aseguró curules gratuitas a los responsables de delitos de lesa humanidad? ¿Los principales cabecillas de las AUC no fueron extraditados hacia los Estados Unidos, dado que el gobierno de Uribe nunca consideró al narcotráfico como un delito conexo?

Si lo que se contempla en la ley 975 de justicia y paz es efectivamente una “amnistía de facto” como asevera la poco rigurosa analista María Alejandra Silva, pues bueno, necesario y ampliamente aceptado sería que esa misma “amnistía” le sea aplicada a los miembros de las Farc con los que negoció el gobierno de Santos.

En los párrafos finales del texto en cuestión se confirma el objetivo político y electoral del mismo, pues la autora llega al extremo inaudito de convertir lo que ella misma llama una “especulación” en un hecho apodíctico y por ende incontrovertible: la señora Silva asevera que los testimonios que darán exguerrilleros, paramilitares y miembros de la Fuerza Pública “ante el sistema de justicia transicional conducirá a un mayor escrutinio sobre Uribe, lo que encaja con la especulación pública de que Uribe será juzgado en La Haya por crímenes contra la humanidad…”.

Claramente aquel no es un informe académico, sino un panfleto radical, mentiroso y politiquero en cuyo último párrafo entró de lleno a la campaña electoral que se avecina, al decir que “con las elecciones que vienen en 2018, entender las faltas de Uribe es increíblemente importante. Entre el 12 y el 22% de los colombianos dicen que votarán por el candidato que Uribe respalde…Uribe y su nueva coalición conservadora decidirán el próximo presidente de Colombia. Por esa razón, es importante entender que el expresidente Álvaro Uribe es un líder peligroso para Colombia y para América Latina y que su liderazgo puede hacer retroceder el progreso de Colombia”.

Al leer aquel manifiesto, valdría la pena investigar y descubrir a quién le está haciendo el mandado la pequeña, poco influyente y por supuesto marginal ONG en la que trabaja la autora del mismo.

@IrreverentesCol

Publicado: Octubre 23 de 2017