Inaceptable que la financiación de las AUC sea crimen de lesa humanidad y la de las Farc sea delito amnistiable.

Se ha sabido que la fiscalía general de la nación tomó la decisión de considerar al financiamiento de los grupos paramilitares como un crimen de lesa humanidad. El argumento, un tanto enrevesado, sostiene que aquel empresario que de manera libre y espontánea se haya acercado a una estructura de las desaparecidas AUC con el fin de entregar dinero para efectos de que le ayudaran a cuidar sus propiedades, éste de manera inmediata se convierte en cómplice de los crímenes cometidos por ese grupo.

La tesis impulsada por la fiscalía seguramente dará para muchos debates de tipo académico en las distintas escuelas de derecho penal de Colombia. Mientras tanto, en la cárcel –y quién sabe durante cuánto tiempo- terminarán los particulares que le hayan dado dinero a esos grupos.

Una sociedad empieza a ser injusta desde el mismo instante en que establece una discriminación de los delitos. La justicia, que se presume ciega, debe juzgar con severidad los crímenes atroces, sin importar quién los cometa.

Pero en Colombia, gracias a la nefasta existencia de la figura del delito político, se erigió un doble rasero para investigar y castigar a los criminales. El exmagistrado de la Corte Constitucional, Carlos Gaviria llegó al extremo de plantear una dicotomía respecto del homicidio. En sus palabras, una cosa era matar para enriquecerse –práctica en la que según él estaban incursos los paramilitares- y otra muy distinta era matar para buscar una vida mejor, como lo hacían, en criterio suyo, las organizaciones guerrilleras.

Y ahora, por cuenta del acuerdo de impunidad suscrito entre Santos y Timochenko, se ha determinado la concesión de una amnistía lo más amplia posible que, por supuesto, incluirá a los benefactores económicos de las Farc.

Así las cosas, Colombia estará ante dos dimensiones profundamente contradictorias. Por un lado los tribunales llenos de empresarios que le dieron dinero a los paramilitares, recibiendo largos años de sentencia, mientras que en la puerta del lado se estarán imprimiendo boletas de amnistía para aquellos que le hayan girado recursos a las Farc, pues se concluirá que la acción de ellos era puramente altruista.

Ambos, AUC y Farc son estructuras criminales que atentaron de manera grave contra la sociedad colombiana.

Si se decide, aunque es debatible, que quienes financiaron a esos grupos son partícipes de los delitos atroces que se cometieron, todos deben ser castigados con la misma severidad. Nadie entendería que el empresario que le dio dinero a un bloque paramilitar que luego haya cometido una masacre sea condenado, mientras que un ganadero que le hubiera aportado dinero al frente de las Farc que cometió la masacre de Bojayá, sea cobijado con por la amnistía.

En Colombia no puede seguir coexistiendo esa nociva discriminación entre las víctimas. ¿Cómo explicarle al hijo de una mujer asesinada por las Farc que el supuesto financiador de ese crimen será amnistiado, mientras que en un caso idéntico pero perpetrado por los paramilitares, el financiador será ejemplarmente condenado?

Esas dicotomías, que agreden directamente a las víctimas, son las que harán que en Colombia sea imposible construir una paz “estable y duradera” como pregona Santos. Una paz sin un ápice de justicia, resulta siendo un acto de revictimización. Los que padecieron los rigores de la violencia son nuevamente agredidos cuando ven que los causantes de su dolor no son castigados, ni obligados a decir la verdad y mucho menos conminados a pedir perdón y hacer algún tipo de reparación.

Flaco servicio se le presta al propósito de la paz al hacer esas divisiones macabras entre responsables sobre los que caerá todo el peso de la ley y los responsables que serán “castigados” con una caricia llamada amnistía.

@IrreverentesCol

Publicado: febrero 13 de 2017