El gran pecado de Uribe fue haber salvado a la democracia de la hecatombe. Los 8 años de su gobierno enderezaron el rumbo de un país que iba derecho hacia el abismo. Sitiada por narcotráfico y terrorismo -que al final del día son una misma cosa- Colombia parecía llenar los requisitos para convertirse en un Estado fallido.

Las cifras en el año 2002 eran escalofriantes. Más de 200 municipios -el 20%- no tenían presencia de la Fuerza Pública. Cientos de alcaldes desplazados y gobernando remotamente, lo que significaba un abandono total de la administración local, la cual estaba -de facto- en manos de los ilegales.

Congresistas secuestrados. Centenares de policías y soldados confinados en campos de concentración erigidos en medio de la manigua. Miles de hectáreas de nuestros bosques y selvas deforestadas por los cultivadores de la planta maldita de la que brota la base para la elaboración del clorhidrato de cocaína con el que las Farc, los paramilitares y demás estructuras armadas ilegales inundaron al planeta entero. 

En 2002, Colombia era un país desolado. Asido por el crimen organizado. Agobiado por los terroristas que se permitieron bombardear al Capitolio Nacional y a la casa de los presidentes mientras Álvaro Uribe tomaba posesión de su cargo, pronunciando un discurso en el que notificó al mundo entero que él no venía a quejarse, sino a trabajar. 

Los resultados de su gestión saltan a la vista de todos. El país supo levantarse y sacudirse del legado nefando del terrorismo. Despojado del lastre de la violencia, pudimos encaminarnos hacia el progreso. La economía se reactivó. El empleo creció exponencialmente. Los indicadores de desarrollo humano se expandieron, mientras que los de violencia e inseguridad observaron un decrecimiento impresionante. 

La extrema izquierda, esa misma que desde siempre expresó su cariño y condescendencia hacia el terrorismo guerrillero, desató una campaña de desprestigio contra el presidente que fijó las bases para una política de seguridad democrática que diera tranquilidad a todos los ciudadanos.

A la cabeza de esa operación estaba el hoy senador aliado de las Farc, Iván Cepeda entonces líder una ONG de supuestas “víctimas de agentes del Estado”.

Se paseó por el mundo entero alegando que el presidente Uribe era un aliado de los grupos paramilitares, un señalamiento a todas luces contraevidente, pues una de las primeras determinaciones del gobierno uribista fue, precisamente, la de adelantar un proceso de diálogo que condujera a la desmovilización incruenta de las estructuras armadas ilegales que integraban a las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. 

El jefe de propaganda nazi Joseph Goebbels, aseguraba que una mentira repetida indefinidamente terminaba convirtiéndose en una “verdad”.

Uribe, ese mismo que forjó su carrera política soñando con un país inscrito en la legalidad, consciente de que los grupos armados eran los grandes enemigos de nuestra democracia y los responsables del subdesarrollo, terminó inscrito como un auxiliador de los grupos de autodefensa.

No viene al caso caer en argumentaciones ni en elaborar el inmenso listado de acciones concretas lideradas u ordenadas por Uribe en contra de las estructuras paramilitares, medidas que son axiomas indisputable para desmontar cualquier indicio de maridaje o cercanía suya con esas organizaciones delictivas. 

Lo cierto es que no hay un solo cabecilla de las desaparecidas AUC que haya dicho o mostrado pruebas de alianzas con Álvaro Uribe. Los testimonios que existen emanan de mandos bajos, de delincuentes comunes o de mercaderes cuya profesión y oficio es la de servir como testigos en distintos procesos penales. 

Iván Cepeda se dio a la tarea de recorrer cárceles en Colombia y los Estados Unidos buscando testimonios contra Uribe. Anduvo mucho tiempo, hasta que encontró a unos bandidos a los que pudo convencer para que “testificaran”. 

El decir de un testigo, como indica el derecho probatorio, debe ser autónomo, espontáneo y veraz. Ninguno de esos postulados, se cumplen con los declarantes conseguidos por Cepeda, de quienes se ha sabido recibieron jugosas sumas de dinero y generosas ofertas para que hablaran contra el presidente Uribe. 

Algunos de los falsos testigos, oportunamente delataron a Cepeda cuando aquel les incumplió las promesas de dinero, asilo político para sus familiares, reducción de penas y mejores condiciones de reclusión. 

Así, entró en escena el abogado Diego Cadena quien oyó los primeros rumores sobre la fábrica de testigos contra el expresidente y hoy Senador de la República. Contactó al exmandatario quien, a su vez, le solicitó que recaudara las pruebas para efectos de formular la respectiva denuncia contra Cepeda Castro. 

Y la corte suprema, esa misma que encubrió a la Farcpolítica alegando que el computador de Raúl Reyes no era una prueba válida, se dio a la tarea de enterrar el proceso contra Cepeda -tristemente célebre por sus amenazas de encarcelar a todos los que no se plieguen a los intereses de las Farc- e iniciar uno en contra de Uribe, quien en un abrir y cerrar de ojos dejó de ser víctima para convertirse en victimario. 

Para hacer aún más indignante el panorama, en un gobierno elegido con los votos de las mayorías uribistas, el presidente Uribe fue llamado a indagatoria y, de acuerdo con las especulaciones, el magistrado sustanciador del caso ha propuesto a la sala de instrucción de la Corte Suprema dictar una medida de aseguramiento con detención domiciliaria. 

¡Esa es Colombia! La misma que hace 190 años le dio la espalda al Libertador, condenándolo al ostracismo. Bolívar, que había sido uno de los hombres más ricos del continente, salió de la capital colombiana en absoluta pobreza material, con un baúl cargado de melancolía, esa misma que le causó la muerte semanas después en la casa de un amigo, mientras esperaba el buque que habría de llevarlo hacia el ignominioso destierro. Fue menester buscar un alma caritativa que regalara una camisa pulcra para sepultar al hombre que le había dado la libertad a un país inviable que dos siglos después, con gesto victorioso, se declara como una democracia superior que perdonó a los criminales de lesa humanidad de las Farc, mientras persigue y busca el encarcelamiento del presidente que le devolvió la tranquilidad, el orden y la seguridad a Colombia. 

En su obra sobre la desobediencia civil, el filósofo puritano Henry Thoreau enseña que en los regímenes donde se encarcela injustamente, la cárcel es el destino al que deben llegar los hombres justos. 

@IrreverentesCol

Publicado: agosto 2 de 2020