Mucho se habla en los últimos días acerca de la muerte del conservador Álvaro Gómez Hurtado, recordado estadista conservador que, de haber sido presidente, creo que lo habría hecho bien. Pero no fue así, no le alcanzó la vida, porque un día debió pagar con su muerte la osadía de denunciar a un gobierno ilegítimo, elegido con dineros del narcotráfico, y cuyo líder hoy posa de moralista ante la sociedad colombiana y la comunidad internacional, pese a que ha dedicado los últimos años de su vida a proteger y apadrinar terroristas asesinos que, de la noche a la mañana resultaron dando clases de moral luego de haber pasado más de 60 años derramando sangre inocente.

Ahora la impunidad parece rondar el asesinato de Gómez Hurtado, y también los crímenes cometidos contra decenas de miles de víctimas que dejó un grupo de criminales a quienes el gobierno anterior, en aras de lograr un premio Nobel y otros muchos intereses, les dio la oportunidad de decidir quiénes serían sus jueces y de qué manera ese tribunal de justicia conocido como la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP) hecho a su medida, habría de juzgar sus innumerables delitos, sin que hubiese mediado verdad y reparación, y garantías de no repetición.

Desde su creación, los mismos que integran y dirigen a la JEP se han encargado de mostrar que haber instaurado este tribunal fue uno de los errores medulares del proceso, toda vez que se conformó en contra de voluntad del pueblo que le dijo No al plebiscito, y los magistrados que llegaron a integrarlo, en su mayoría afines al secretariado de las Farc, fueron impuestos por organismos internacionales, también afines a las Farc. De otra parte, tampoco hubo ni hay, un filtro real que pueda evitar que se cuelen delincuentes cuyos delitos nada tienen que ver con el conflicto, y hasta hoy no se ha completado esa depuración, y esto sin contar los escándalos que pesan sobre el órgano de justicia que resultó ser todo lo contrario a los fines para los cuales fue creado.

No habían transcurrido dos años de funcionamiento de la JEP, cuando ya los escándalos al interior de ese organismo estaban a la orden del día. Uno de los más sonados, la captura del expolítico y exfiscal Carlos Julián Bermeo Casas, por supuestamente exigir un millonario pago para beneficiar al exguerrillero de las Farc Jesús Santrich, solicitado en extradición por el gobierno de Estados Unidos, y que gracias a la permisividad de la Corte Suprema y la misma JEP, terminó fugándose, y hoy junto a alias Iván Márquez y alias el Paisa, desde la clandestinidad amenazan al país.

Ni qué decir de la falta de resultados en materia de investigación y sanciones por parte de la JEP. El panorama se ensombrece cuando uno ve que los casos de los militares acogidos a la JEP avanzan con mayor celeridad que los casos de los miembros de las Farc acusados de delitos graves, cuando solo el 21% ciento de los acogidos a la JEP son personas que forman parte de la Fuerza Pública, en tanto que el 78 % son miembros de las Farc, cuyos casos aún están estancados

Ahora hablemos de lo que nos está costando mantener a la JEP. Aún no habían sido seleccionados los magistrados, cuando el exsecretario ejecutivo Néstor Raúl Correa, ya había gastado 4,5 millones de dólares, un hecho no solo escandaloso, sino que despertó una pugna de poderes al interior de la JEP, y fue de tal magnitud, que le costó la renuncia a Correa. Hay denuncias en el sentido que un poderoso grupo de magistrados, en medio de un almuerzo decidieron la forma de sacar del camino a Correa.

Hoy la JEP es fácilmente lo más costoso en el aparato de Justicia colombiano. Cada uno de sus 38 magistrados devenga un promedio de $36 millones de pesos, y cada uno de esos magistrados tiene a su servicio 3 magistrados auxiliares que, a su vez, devengan $26 millones de pesos cada uno, por lo que resulta inexplicable la demora en los procesos cuando hay suficiente recurso humano para hacer una tarea diligente de cara a encontrar la verdad la justicia y la reparación de la que tanto se habla. Este por supuesto, es un factor que también evidencia la inviabilidad de un órgano de justicia costosa y evidentemente inviable.

En la asignación de contratos laborales desde que inició a funcionar la JEP, hay que decir que gran parte de los cargos importantes fueron otorgados a dedo a familiares y amigos de los funcionarios. Basta recordar los casos de Claudia Linares, hermana de la presidenta de la JEP, Patricia Linares, o el de Pilar Rueda, esposa del senador Iván Cepeda. También están Miguel Samper, hijo del expresidente Ernesto Samper, y exfuncionario de Juan Manuel Santos. También participó de la feria Juan Sebastián Rozo, exministro de Santos, y así toda una estela de favores burocráticos que vinieron a acrecentar el costo operativo de un organismo pagado con dinero de los colombianos. Para completar el oneroso cuadro, la JEP, sin sede propia a pesar de los millonarios recursos, propios y de donaciones de países garantes, se da el lujo de pagar un arriendo cuyo valor mensual supera los $1.500 millones de pesos, sin cotar otras locativas, entre ellas la sede territorial de Bucaramanga.

La JEP fue preconcebida para durar 15 años, y de ser necesario, ampliarla cinco más, bien dicen que desde el desayuno se ve lo que va a ser el almuerzo, con los pocos logros obtenidos en materia de investigación y sanciones, creo que ni en 30 años van a lograr hacer justicia, lo que supone que este tribunal le va a costar a los colombianos, según los más optimistas, más de 6 billones de pesos.

Mientras tanto las víctimas, que al menos en el papel son el centro del acuerdo de paz, ya perdieron la esperanza. Y uno se pregunta cómo repararlas, si en lo que menos se ha avanzado en incautar los millonarios bienes adquiridos por las farc durante décadas, fruto del secuestro, narcotráfico y otras economías ilegales. Para eso, -se decía- era la Jurisdicción especial para la paz, pero resultó ser lo contrario; un tribunal permisivo investigando a delincuentes de lesa humanidad a quienes antes que juzgar, parece proteger, minimizando de paso el impacto del horror que causaron, basta ver que los exterroristas siguen negando el reclutamiento y abuso sexual de menores, en tanto que los magistrados aplicando eufemismos, hablando de “retenciones”, antes que de secuestro, como si se tratase de callar la barbarie con palabras bonitas.

Ante ese desolador panorama, la propia Federación Colombiana de Víctimas de las Farc -Fevcol-, acaba de anunciar que llevará los miles de casos ante la justicia internacional, temen que no va a pasar nada. Agregan que, de seguir atados a la JEP, sus casos van camino de la impunidad.

Aun así los magistrados de la JEP, sin haber presentado mayores resultados, ahora chocan con la Fiscalía, y reclaman competencia en casos como el de la muerte de Álvaro Gómez Hurtado y otros tantos crímenes que hoy extrañamente las Farc se atribuyen. ¡Y los criminales felices! tal vez porque la experiencia de los últimos 4 años les da la certeza que pueden adjudicarse cualquier crimen, aunque no lo hayan cometido, y a ellos no les va a pasar nada, y tal vez tengan razón; todo indica que nada les va a pasar.

Es triste decirlo, pero no tiene sentido mantener -bajo la mentira de la paz- una fábrica de impunidad que nos está saliendo caro, porque esa es la JEP; un tribunal sin sentido, el resultado de un engaño que nos está costando a todos. ¡Que lo digan las víctimas!

@JenniferAriasF

Publicado: octubre 16 de 2020