Uno de los mayores absurdos que ha contemplado nuestra legislación penal durante muchos años es exigir la proporcionalidad como requisito para que proceda la legítima defensa. Esto, en términos sencillos, implica que la víctima de un delito solamente puede contrarrestar la agresión acudiendo a unos medios equivalentes a los que utilizó el victimario.
Por ejemplo, si un ladrón intenta robar un carro con un cuchillo y el conductor acciona un arma de fuego para repeler el ataque, el victimario termina convertido en víctima, dado que bajo la ley actual esa respuesta fue desproporcionada y, por ende, la Fiscalía debe abrir una investigación penal en contra quien manejaba el vehículo.
Asimismo, si un grupo de bandidos intenta atracar un local con armas blancas y el comerciante protege su propiedad con una pistola, lo más seguro es que este último termine sometido a un desgaste interminable de interrogatorios, audiencias y abogados por supuestamente haber excedido el uso de la fuerza y no haberse defendido de manera proporcional.
Es tan crítica la situación que este excesivo garantismo termina creando todas las condiciones para blindar a los delincuentes y desproteger a las víctimas, toda vez que los ciudadanos de bien lo piensan más de dos veces antes de responder con vehemencia ante una agresión con tal de no quedar expuestos a abrumadores procesos en la Fiscalía.
En otras palabras, en Colombia sale hasta más rentable dejarse robar que terminar preso por defenderse.
Afortunadamente, la semana pasada el Gobierno radicó el proyecto de ley de seguridad ciudadana, dentro del cual se elimina el ridículo requisito de proporcionalidad para que proceda la legítima defensa cuando se rechace la agresión de un extraño, inclusive si se usa la fuerza letal, que irrumpa violentamente en la propiedad privada de una persona.
Con esta medida, cabe señalar, no se está promoviendo el paramilitarismo ni mucho menos el Estado pierde el control sobre el uso de las armas. Simplemente se permite que las víctimas de los delitos se puedan defender acudiendo a los medios que sean necesarios sin quedar expuestos posteriormente al yugo del ente acusador.
Una gran iniciativa que, vale decirlo, se presentó excesivamente tarde, dado que debió haberse radicado el 7 de agosto de 2018 para enviarle un mensaje contundente a la ciudadanía de lucha radical contra la delincuencia y no a menos de seis meses de la primera vuelta presidencial del 2022.
Sin embargo, más allá de este problema de timing, la aprobación de este proyecto puede significar un antes y un después para solucionar los problemas de seguridad del País. Las personas tienen el derecho a defenderse libremente de cualquier agresión sin que el Estado se convierta en un verdugo que termine haciéndole la vida imposible a las víctimas que debería proteger.
Publicado: noviembre 24 de 2021
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