La financiación ilegal de las campañas de Santos del 2010 (ya confesada por Roberto Prieto) y del 2014, de la que hay múltiples indicios, ha distraído a la opinión pública de un peligro aun más grave. De acuerdo con el procedimiento legislativo especial, el fast track, esta semana o más tardar la próxima, el acuerdo remendado con las Farc se incorporaría a la Constitución.
A esa reforma constitucional solo le falta ser aprobada en la plenaria de la Cámara. Ni siquiera el escándalo hará que no obtenga las mayorías que necesita. El gobierno ya enmermeló a los congresistas que se hicieron los difíciles con la justicia especial para las Farc. Al paso que vamos a los parlamentarios de la unidad nacional les va a dar diabetes y al resto de los ciudadanos nos seguirá doliendo el bolsillo para pagarles los potes de dulce con que Santos los unta.
Hay que recordar que el presidente le había concedido a la guerrilla que el acuerdo que firmaran hiciera parte de la Constitución considerándolo un “acuerdo especial del derecho internacional humanitario” y, por esa vía, llevarlo a hacer parte del llamado “bloque de constitucionalidad”. Aunque tal pretensión fuera un invento sin pies ni cabeza, el gobierno lo hizo aprobar así en el artículo 4 del llamado acto legislativo para la paz.
Más tarde, los negociadores del gobierno, después de su derrota en el plebiscito, aseguraron que una de las mejoras “aceptadas” a los voceros del No sería que el acuerdo no se integrara a la Carta. Pues bien, aquí también hicieron conejo.
En efecto, el proyecto de acto legislativo que se va a aprobar dice que “las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del acuerdo final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del acuerdo final”.
En otras palabras, el acuerdo remendado con las Farc sí hará parte de la Constitución. Con ello se generará un galimatías espantoso porque el pacto tiene 310 páginas farragosas, altamente ideologizadas y pésimamente redactadas, sin la precisión que exige una norma jurídica y menos una norma constitucional. Y porque de paso se hará absolutamente imposible determinar las normas del actual texto constitucional que sí son aplicables o la manera en que pueden serlo en concordancia con lo pactado con la guerrilla. Estamos entrando al reino de la incertidumbre, de la inseguridad jurídica.
Y quedamos en manos de la Corte Constitucional. Una Corte que no da garantía ninguna. Politizada, servil, con magistrados de mediocres calidades (con un par de excepciones) e interinos, capaz de desdecirse de lo que ha sostenido apenas semanas antes, que no supo defender ni la democracia ni la Constitución misma.
Peor aun, si se hace una lectura literal de lo que se quiere aprobar ahora, el acuerdo remendado no solo se integraría a la Constitución sino que se pondría por encima de ella, sería una norma supra constitucional que obligaría a todas las ramas del poder público, a “todos los órganos y autoridades del Estado”, sin excepción.
Ya se entiende porque las Farc renunciaron a su pretensión de una asamblea constituyente. Definieron la Constitución sin tener que pasar ni por los riesgos de una elección ni por el desgaste de la confrontación de argumentos y construcción de consensos propio del debate de una constituyente. Les bastó poner contra las cuerdas al gobierno.
Para rematar, la reforma que se aprobará pretende que el acuerdo remendado obligue a todos “a partir de su promulgación hasta la finalización de los tres periodos presidenciales completos posteriores a la firma del acuerdo final”. Es decir, desde ahora y hasta agosto del 2026. Una camisa de fuerza para los próximos gobiernos. Ni más ni menos. ¿Y si la mayoría elige a quien tenga diferencias de fondo con lo pactado?
Rafael Nieto Loaiza
Publicado: marzo 21 de 2017