Duele que el país haya perdido a un senador de la categoría y el talante del presidente Uribe, de lejos el más riguroso parlamentario. Su presencia en el Capitolio  le daba altura y categoría a los debates, en momentos en el que el legislativo está integrado por individuos de la más baja categoría moral como los terroristas de las Farc -encabezados por Iván Cepeda-, el cabecilla de la extrema izquierda Gustavo Petro, o su conmilitón el autor de novelas de baja factura Gustavo Bolívar.

Pero la renuncia era necesaria en aras de buscar justicia y permitir que se conozca la verdad de los hechos por los que hoy, el doctor Uribe Vélez se encuentra en condición de secuestrado. 

Evidentemente la corte suprema, que puso en marcha un plan mafioso contra el expresidente de la República, no está interesada en nada distinto que imponer una condena al precio que sea. 

Llama la atención las reacciones desesperadas de los cazadores del presidente Uribe -Cepeda, Daniel Coronel y otros- cuando se conoció la noticia de la renuncia a su condición de Senador de la República. ¿Si esos sujetos están tan seguros de las pruebas y de la culpabilidad del hoy secuestrado, por qué tienen tanto interés de que el juzgamiento lo adelante la corte suprema? Una prueba inculpatoria e incontrovertible es vigorosa en cualquier escenario judicial. 

El expediente del presidente Uribe debe pasar en el término de la distancia a la Fiscalía General de la Nación para efectos de que, en virtud de la ley 906, el proceso sea público y el pueblo colombiano tenga oportunidad de conocer todas y cada una de las evidencias recaudadas por la corte suprema. En ese instante brillará la verdad con toda su nobleza. 

Nadie podrá dudar de la inocencia del exmandatario y, a la vez, será apodíctica la responsabilidad de Barceló, Cepeda y demás en esa farsa.

En síntesis, el proceso en cuestión está viciado desde su origen. Todo empezó con una interceptación ilegal durante más de un mes, en la que unos delincuentes al servicio de la corte oyeron -sin orden judicial- más de 22 mil llamadas del expresidente. Ninguna de esas comunicaciones permite concluir que él haya fraguado algún delito, o que haya planeado con su abogado Diego Cadena la compra de testimonios. 

Lo cierto es que desde 2009, él es víctima de un complot liderado por Iván Cepeda, quien no ha ahorrado esfuerzos para conseguir falsos testigos con el propósito de que digan que Uribe y su hermano Santiago tuvieron vínculos con estructuras de las desaparecidas AUC. 

Está perfectamente documentado que Iván Cepeda ha hecho pagos a paramilitares para que “testifiquen” contra los hermanos Uribe. Igualmente, ha ofrecido beneficios penitenciarios y asilos políticos a los familiares de los que participen de ese sainete.  

El país ha perdido a un gran senador, quizás el mejor de las últimas décadas, pero aquel es el elevado costo de oportunidad que hay que asumir para ponerle punto final a la más dolorosa iniquidad de que haya memoria: el secuestro del presidente Uribe. 

@IrreverentesCol

Publicado: agosto 19 de 2020