El paro de camioneros no lleva un mes. La crisis con los transportadores se desató desde comienzos de 2011, cuando se dio la primera manifestación en las carreteras de Colombia y el gobierno, a través del ministro de Transporte que había en la época, Germán Cardona, suscribió una serie de compromisos que han sido incumplidos de manera reiterada. En ese momento, el afán del gobierno estaba concentrado en despejar las carreteras y permitir el libre tránsito por ellas y no en cumplirles a los transportadores insatisfechos.

Es claro que en una economía de libre mercado, la existencia de una tabla de fletes se constituye en una medida restrictiva que claramente favorece a los grandes transportadores, en detrimento de los pequeños. Lo sensato es que ese tipo de límites no exista en un país donde impera la libertad de mercado.

El manejo de la denominada chatarrización ha sido un verdadero fiasco. La idea de esa iniciativa es perfectamente sensata: los camiones viejos que tienen fallas mecánicas por el desgaste de sus motores, sumado a la emisión de gases contaminantes, deben salir de circulación para efectos de que en su reemplazo ingresen nuevos equipos. Por falta de previsión y control, el gobierno no ha logrado hacer que los camiones viejos salgan, mientras que siguen ingresando nuevos vehículos con lo que se produce inmediatamente una sobreoferta en el mercado.

La situación de los camioneros es dramática. Hoy están regidos por precios que fueron fijados en el año 2008, cuando los costos de operación en estos últimos 8 años han subido dramáticamente. En eso, el gobierno ha sido totalmente indolente, pues mientras los peajes, el combustible y los costos de mantenimiento han aumentado, el valor del flete se ha mantenido estático, con el agravante de que, por cuenta del fracaso en materia de chatarrización, en los últimos años las carreteras se han llenado de nuevos camiones, mientras que los viejos siguen circulando. En criterio del economista Rafael Gómez Martínez, “si se hubiera cumplido la meta de sacar de circulación los camiones viejos, los fletes hoy tendrían un mejor precio. Ahora bien, en la crisis las empresas de logística juegan un papel muy importante, pues estas están sacando del mercado a los pequeños transportadores”.

La crisis de los camioneros de Colombia empezó en 2011 y desde entonces el gobierno no ha atendido la crisis con la seriedad que merece.

Acabar con el control

Se ha dicho, equivocadamente, que la tabla de fletes busca proteger a los pequeños transportadores, cuando en la práctica ese tipo de medidas proteccionistas terminan favoreciendo a los grandes que, gracias a la inexistencia de controles reales, desatienden la regulación tarifaria y negocian, gracias al volumen que pueden mover, por menor precio. El economista Gómez, que es experto en temas de transporte terrestre considera que debe suprimirse la tabla de fletes y  “fomentar las cooperativas de transportes que tengan la capacidad de competir con las grandes compañías de logística”.

Esta crisis desatada por el paro de transportadores, abre la oportunidad para fomentar la diversificación del sector transportador. “Hay que desarrollar el transporte ferroviario y fluvial. Mientras se siga dependiendo de las carreteras para el transporte, situaciones como la que estamos viviendo seguirán presentándose”, aseguró Gómez.

Reacción desmedida

Si bien es cierto que el gobierno está en la obligación de mantener el orden público en todo el territorio nacional, no menos lo es que debe respetar y garantizar el derecho a la protesta social. Por eso, causan preocupación las imágenes reveladas esta semana en las que una persona que participaba en las protestas resulto herida de muerte por cuenta, según informan los testigos, de una reacción desproporcionada de la Fuerza Pública.

Las protestas ya cobraron la vida de una persona.

Si los camioneros incurren en actos de bandolerismo, deben ser castigados con todo el rigor de la ley. No es aceptable que se presenten casos de camiones incendiados, ni de pedreas, ni mucho menos de ataques a los miembros de la Fuerza Pública que están cuidando las carreteras de Colombia, pero aquello no justifica, ni mucho menos, que se haga uso desmedido de la fuerza para controlar a los camioneros que protesten de forma pacífica.

Ahora bien, los anuncios del gobierno para enfrentar el paro, resultan absurdos y desproporcionados. Cuesta entender que un presidente que ha sido tan generoso y laxo con el terrorismo al que se dejó de combatir hace ya bastantes años, se muestre valiente y agresivo con un gremio que está sufriendo las consecuencias y la improvisación del Ejecutivo.

Amenazando con cancelar licencias, imponer sanciones multimillonarias que resultarían impagables o anunciando encarcelamientos masivos, el gobierno no solo no amedrenta, sino que desafía aún más a unos desesperados transportadores que llevan años trabajando a pérdida y sin soluciones a la vista para su problema.

@IrreverentesCol