Por una vez, Colombia debe ponerse por encima del fariseísmo. La propuesta del presidente Uribe es sensata, pero sobre todo necesaria. La amnistía general es garantía de equilibrio y, sin lugar a dudas, puede convertirse en la piedra angular sobre la que se erigirá la paz política que reclama la nación.

La mesa está desbalanceada desde el mismo instante en el que Santos y los suyos se hincaron ante los terroristas de las Farc, otorgándoles toda suerte de beneficios y prebendas. Así los doctores Leyva y De La Calle digan que los criminales de lesa humanidad de las Farc recibirán sanciones, lo cierto es que el mecanismo implementado por la JEP es una amnistía de facto.

El presidente Uribe no está, ni mucho menos, proponiendo una ley de punto final similar a las que hace un par de décadas fueron aprobadas en el Cono Sur y Centroamérica.

No estamos frente a un proyecto de impunidad, sino ante una iniciativa tendiente a subsanar una asimetría insoportable que hiere a la sociedad.

El pueblo colombiano, en el plebiscito de 2016 votó en contra del acuerdo, precisamente porque aquel incluía un beneficio desproporcionado para los terroristas, mientras que los militares, por citar un ejemplo, fueron equiparados a aquellos, hecho que hiere el alma de la nación. Los miembros de nuestra Fuerza Pública merecen un trato diferenciado. Su juzgamiento debe estar en manos de jueces imparciales y no en las de militantes de la extrema izquierda como en efecto son los magistrados de la JEP.

Basta con darle una revisión rápida a las diligencias que se adelantan en contra de altos oficiales, para entender el sesgo y la arbitrariedad de los cabecillas de la JEP en contra de nuestros uniformados.

En días recientes tuvo lugar una diligencia del proceso que se adelanta contra el general Rito Alejo del Río. El magistrado a cargo de ese negocio, Gustavo Salazar parecía un verdugo y no un administrador de justicia. Ninguna garantía pueden tener nuestros militares y policías cuyos casos están en manos de personas sesgadas y a las que se les nota el odio enfermizo contra las Fuerzas Militares.

En un escenario ideal, no debería estar hablándose de amnistía. Siempre se ha criticado del acuerdo de La Habana, precisamente, la falta de justicia frente a crímenes atroces. Por eso, la mayoría de colombianos votaron por el NO en el plebiscito de 2016.

Pero la realidad es que Santos, al robarse el resultado del pronunciamiento popular, impuso a las malas una insoportable impunidad. Entonces, la sociedad está ante una situación que debe ser enmendada: acabar o, por lo menos morigerar, la asimetría existente.

Y por eso, toma fuerza la propuesta inteligente y necesaria que impulsa el expresidente Uribe respecto de la amnistía que, en ningún caso, sería aplicable en casos de atrocidades, crímenes de guerra o delitos contra la administración pública. Se trata de imponer reducciones o alivios judiciales y garantizar que aquellos colombianos que ya hayan cumplido sus sentencias condenatorias tengan la posibilidad de recuperar sus derechos políticos, cumpliendo unas condiciones que en su momento deberán ser identificadas y fijadas.

Colombia tiene un antecedente que es de gran valor: la famosa ley 975. Esa norma, que fue pionera a nivel universal, logró encontrar un equilibrio entre paz, justicia y reparación, garantizando la no repetición. Por primera vez en el mundo, una ley puso el acento en la víctimas a la hora de encontrar una solución judicial para los miembros de grupos armados al margen de la ley. Históricamente -como ocurrió con el M-19, el EPL y otras estructuras guerrilleras que se desmovilizaron en los años 90- se habían implementado amnistías e indultos plenos. Hechos de ferocidad y barbarie fueron perdonados de tajo. Los responsables limpiaron su prontuario criminal y quedaron habilitados para el ejercicio de la política, sin que sus víctimas tuvieran voz.

Acá, la prioridad son las personas que sufrieron los vejámenes; no los victimarios. Por eso, delitos de alta sensibilidad quedan excluidos de la propuesta del doctor Uribe.

El país tiene el deber de buscar la manera de llegar a una paz política y la amnistía general es la cuota inicial para ese propósito. Gracias a ella, el clima de crispación que se vive en el país empezará a superarse y la sociedad podrá empezar a concentrarse en los asuntos fundamentales como el de la superación de la pobreza, la reconstrucción del tejido social y la recuperación nacional durante la fase de la postpandemia.

@IrreverentesCol

Publicado: agosto 30 de 2021