Análisis de David Meza Pretelt

Es bien sabido que los criterios de selección en materia de funcionarios por parte del actual Gobierno no son los mejores, pero cuando la corrupción y avaricia de un personaje equivale a muertes y deterioro en la calidad de vida de millones de colombianos, el drama escala a otros niveles.

Uno de los personajes siniestros con mayor influencia en este acelerado deterioro en la salud de los colombianos se trata de Norman Julio Muñoz, Superintendente de Salud desde abril del 2014, quien se ha encargado de ejecutar, haciendo el papel de verdugo, las dos mayores EPS del país: Caprecom y SaludCoop.

Muñoz es un administrador que durante casi toda su vida se ha lucrado del Estado, como un vampiro, casi delatado por su aspecto tan similar al recordado Drácula. Inició a principios de los 90 en el Instituto Nacional de Salud y hoy en día viaja por todo el país defendiendo su obra, la intervención y posible quiebra de las dos mayores empresas prestadoras de salud del país, de lo que se ha derivado un deterioro en calidad de vida de los usuarios y en muchos casos: la muerte.

Su ambición y amor al dinero lo han llevado a trasegar por distintos cargos del sector salud, pasando de uno a otro sin lograr mayor mérito. En 2014 asumió la cabeza de la entidad tras la polémica salida de Gustavo Morales para convertirse en un funcionario aún más polémico.

La Supersalud: ¿Superculpable?

Norman Muñoz se ha caracterizado por su actitud déspota con el trabajador, en más de una ocasión ha impedido que asociados, empleados y sindicatos tanto de SaludCoop (actualmente Cafesalud) como de Caprecom intervengan en debates, audiencias y foros desprestigiando la imagen del trabajador colombiano del sector salud – que en teoría debería defender -.

El tema ha escalado a un alto nivel de peligrosidad, por lo que muchos periodistas y líderes de opinión no se atreven a denunciar las grandes fallas en el manejo que se ha dado a la crisis de las EPS por parte de este funcionario. Es clave recordar el caso de Luis Alfredo Caicedo, el revisor fiscal de Cafesalud asesinado en extrañas circunstancias el pasado 8 de marzo, cuando estaba próximo a entregar un informe que evaluaba grandes problemas e irregularidades en el traslado de cuentas de la entidad y ponía en aprietos al gran aliado y mano derecha de Muñoz, el exgerente e interventor: Guillermo Grosso.

Los sindicatos de empleados y muchos de los asociados que fundaron la empresa SaludCoop, han instaurado distintos tipos de acciones legales a las que Muñoz hace oídos sordos y evade a nivel mediático haciendo altos gastos en publicidad. Era extraño en el pasado ver anuncios en medios de la Superintendencia de Salud, un ente técnico que debe estar dedicado a salvar vidas a través de buena gestión. Pero hoy en día basta con prender la radio o abrir cualquier diario o revista de medios tradicionales aliados al régimen santista, para encontrar anuncios pagados por dicha entidad, otra razón más para explicar el silencio periodístico al respecto.

Un plan criminal para atentar contra la salud de Colombia

En días recientes fue puesta en conocimiento del Director de la Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción, Dr Luis Gustavo Moreno, la ampliación de una denuncia instaurada por los máximos líderes sindicales de SaludCoop y representantes de cerca de 30 mil trabajadores de esta empresa solidaria, que le fue prácticamente expropiada al sector privado y de forma cosmética, para tratar de ocultar posibles actividades criminales y venderla al mejor postor fue transformada en Cafesalud. Necesitaban que dejara de ser una empresa solidaria y se convirtiera al modelo tradicional para hacerla más atractiva a posibles compradores.

Allí se plantea claramente cómo el señor Norman Julio Muñoz incurrió en actos ilícitos de encubrimiento y coautoría, además de lanzar falsas afirmaciones frente a la plenaria de la Cámara de Representantes. Afirmaciones que repetiría en las diferentes sesiones de la Comisión Séptima tanto de la Cámara como del Senado a las que ha sido citado para rendir cuentas sobre la crisis en la que presuntamente a través de su gestión tiene sumido al sistema de salud.

De entrada, hay que aclarar que presuntamente, a través de la adjudicación de contratos y puestos en la entidad y en las diferentes organizaciones que ha intervenido, el Superintendente ha afianzado la relación con algunos congresistas que en caso de resultar implicados, podrían considerarse como posibles fanáticos de la mermelada.

Tal es el caso del Representante Liberal a la Cámara por Boyacá: Rafael Romero, quien según fuentes que por temor prefieren mantener su anonimato, se encarga de entorpecer y retrasar los debates que otros congresistas desean hacer al mencionado Superintendente para indagar sobre la crisis de la salud y el funcionamiento de la entidad. Otras fuentes fidedignas afirman haber visto a Romero y Muñoz, reunidos en reiteradas ocasiones, sentados a manteles en lujosos hoteles del Norte de Bogotá; creando un ambiente en el que se respira complicidad.

Como antecedentes de la denuncia, hay una presentada por líderes sindicales en diciembre de 2015, en la que señalan a los señores Norman Julio Muñoz y su mano derecha Guillermo Grosso, como presuntos responsables de la desviación de $1.2 billones del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La denuncia inicial aclara que en 2011 cuando se efectuó la intervención las facturas a pagar a las Instituciones Prestadoras de servicios de Salud (IPS), correspondían a la suma de $370.000 millones de pesos, incluidos $270.000 millones que no estaban registrados en los balances que correspondían al sobregiro contable. Pero a noviembre de 2015 cuando fue ordenada la liquidación de la entidad, esta suma ascendía a $1,6 billones de pesos. Un hecho que carece de justificación acorde con los ingresos de Unidad de Pago por Capitación, que según el Ministerio de Salud eran suficientes para pagar las facturas de servicios de salud.

Norman Julio Muñoz y otros personajes siniestros cercanos a él, han complotado para hacer creer que la responsabilidad del gran desfalco a la salud se debe a hechos anteriores a la intervención de SaludCoop: que era la más grande EPS del país y ejemplo de desarrollo empresarial del sector solidario a nivel mundial.

La ampliación de la denuncia presentada por miles de empleados damnificados, se hace necesaria porque Norman Muñoz afirmó ante la plenaria de la Cámara de Representantes el día 26 de octubre de 2016, considerándose dueño único de la verdad; que su primera tarea fue “poner en blanco y negro la realidad financiera de SaludCoop” llegando a la absurda conclusión que “la empresa ya estaba en quiebra” porque según él, el patrimonio positivo de $555.000 millones era en realidad negativo en más de $200.000 millones. Unas cifras sin fundamento, salidas de su cabeza dantesca cuyo aspecto recuerda una caricatura de Drácula al igual que su comportamiento, al desangrar el sistema de salud colombiano.

El 20 de febrero de 2014, Walter Romero Álvarez, Director de Medidas Especiales para Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de la Supersalud, certificó a través de un oficio que “La Superintendencia Nacional de Salud a la fecha, no ha emitido de la presente comunicación (sic), autorización para rectificar los estados financieros de SaludCoop EPS OC en intervención”, como quien dice: se clavaron la daga ellos mismos.

Si según la misma Superintendencia, tres años después de hecha la intervención no se habían arrojado inconsistencias que implicaran la modificación de los estados financieros de la Empresa, esto sí sucedió una vez Norman “Drácula” Muñoz fuera designado como Superintendente.

La manipulación de los estados financieros después de su llegada a la cabeza de la entidad esconde un presunto objetivo criminal, responsabilizando a la administración anterior a la intervención de 2011 del desfalco, cuando todos los colombianos recuerdan el escándalo que le estalló a su contubernio Guillermo Grosso, por la compra de sillas masajeadoras, autos blindados de lujo, viajes y otros beneficios con el dinero de los contribuyentes. Escándalo que ocasionó su salida de la entidad, pero que se mantiene impune. Y este hombre culpable de la quiebra de SaludCoop, gerencia hoy libremente su compañía Health Solutions prestando asesorías en salud.

Los asientos contables de SaludCoop son susceptibles de haber sido manipulados por Muñoz o Grosso para encubrir una presunta actividad criminal, pero el montaje se cae por su propio peso, ya que las facturas de prestación de servicios de salud no pueden ser alteradas porque son expedidas por las clínicas y hospitales que prestaron un servicio y corresponden a las fechas en que los pacientes fueron atendidos.

Un enemigo declarado de los sectores solidario, mutual y cajas de compensación

Norman Julio Muñoz se ha caracterizado por su voracidad y ambición económicas pero su gran defecto radica en el discurso político. Siempre que se ve enfrentado a congresistas o representantes del sector salud que le contradicen de forma argumental, se atortola y trata de impedir que estos intervengan en su contra, enredando los debates o impidiendo, a través de sus aliados políticos como el mencionado Rafael Romero o el congresista del Partido Alianza Verde Oscar Ospina, que los representantes del sector que buscan espacio para hacer denuncias intervengan y lo dejen mal parado.

Funcionarios como este son un cáncer para el país, todos los ciudadanos que han padecido dolencias, accidentes, enfermedades y todo tipo de problemas de salud o que lamentablemente han tenido que ser testigos de la muerte de familiares y seres queridos por la ineficiencia operativa y se encuentran inconformes con el sistema, deben ser conscientes que la problemática viene desde las cabezas del sector. Un Superintendente con un apetito voraz por el poder y el dinero que por cierto, según fuentes confidenciales del alto Gobierno, suena para recibir una posición en el Fosyga y seguir desangrando al Estado como presuntamente lo develan las acusaciones aquí expuestas.

En algunas oportunidades se ha rumorado en los pasillos del congreso que el Ministro de Salud Alejandro Gaviria ha estado inconforme con la actitud y medidas tomadas por este funcionario, por esto, todos los colombianos esperan que se tomen medidas al respecto.

El político y escritor británico Benjamin Disraeli dio un sabio consejo: “La salud de las personas es realmente el fundamento sobre el que toda felicidad y y todo su poder como un Estado dependen” y es doloroso ver como mentes maquiavélicas pretenden controlar al pueblo colombiano a través de la enfermedad y el dolor, para que no puedan manifestarse contra la injusticia. La ciudadanía unida debe luchar por su derecho humano y constitucional a la salud para tener la fuerza física suficiente que les permita reivindicar sus otras luchas políticas.

@DMezaPretelt