El debate generado por decisión jurisdiccional de la Superintendencia de Industria y Comercio contra Uber es otro ejemplo de que en Colombia la gente termina del lado de quien o quienes no quieren cumplir con nuestro ordenamiento jurídico.

La Superintendencia de Industria y Comercio tenía que fallar -dentro de sus funciones constitucionales (artículo 116) y normativas- demanda interpuesta contra operación no reglada de Uber en el territorio colombiano, que permitió sentenciar por parte del juez especializado que Uber incurrió en competencia desleal y prestación del servicio de manera irregular; la decisión se suma a multa interpuesta en el 2019 contra la multinacional por negarse a entregar información solicitada por la superintendencia. Venían haciendo lo que se les daba la gana.  

Esta decisión de la superintendencia se a prestado para varias interpretaciones en un país donde lo único que no tiene respaldo es el cumplimiento de las normas y las decisiones jurisdiccionales. También permitió conocer la falencia que se tiene en la regulación y reglamentación de varias plataformas que con el desarrollo de las tecnologías y las comunicaciones han abierto el abanico en oferta y demanda de servicios que estaban destinados a monopolios como el que nos ocupa, el de los taxistas.

La solidaridad que se despertó a favor de Uber es la manifestación clara que los consumidores y usuarios de este mecanismo de transporte, como el de otros servicios, evalúan con mayor rigurosidad la calidad, precio, seguridad y flexibilidad en la prestación de servicios. La gente más allá de entender la decisión judicial y debate que encierra la suspensión en primera instancia de la plataforma Uber, lo que censuran los usuarios es la posición dominante, arrogante y abusiva que por décadas ejerció el gremio de los taxistas.

El Gobierno Nacional debe apoyar a través de los ministerios de Transporte y de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el proyecto de ley 292 de 2019 que hace tránsito en el Congreso de la República y que busca regular las Plataformas Digitales de Trasporte. El proyecto busca no solo regular prestación del servicio, también establece equilibrio entre conductores que acuden a las plataformas, usuarios, y taxistas, para garantizar calidad, seguridad y libre competencia.    

Este proyecto, además de necesario, tiene una particularidad política, envía un mensaje positivo en medio de esta polarización y saturación. Los autores son dos representantes a la Cámara, uno por el Centro Democrático, Edwin Ballesteros, y el otro, del Partido Verde, Mauricio Toro, quienes despojados de rivalidades ideologías, entendieron que el país necesita entendimiento político para sacar adelante proyectos y acuerdos que beneficien el desarrollo del país.

Oponerse a la regulación de estas y otras plataformas es negarse a la revolución que se viene presentando con las nuevas tecnologías, y de paso, negarse a entender que estamos ante una nueva autopista para la generación de ingresos, de empleos y de nuevas alternativas laborales. El deber de la sociedad, del congreso y del Estado es leer y reglar esta imparable realidad, no minimizarla ni menos prohibirla.

Esta crisis desata por la decisión de la superintendencia también debe servir para que los empresarios de los taxis, propietarios y conductores entiendan que la competencia es inaplazable, que la creatividad y la innovación en la prestación del servicio de taxi es una oportunidad para reinventar un negocio que también genera empleo e ingresos a miles y miles de familias, y de igual forma debe de servir para que los conductores y usuarios de las plataformas de transporte entiendan que estamos en un Estado reglado, donde por más traumática que sea la decisión judicial, se debe respetar y acatar para que cuando se regule el sistema se preste con igualdad de condiciones y exigencias como lo hacen los taxistas.

@LaureanoTirado

Publicado: enero 14 de 2020