La novela de Uber marcó el comienzo del 2020. En un País como Colombia donde crear empresa y generar trabajo es una misión maratónica, de un sólo plumazo un juez de la Superintendencia de Industria y Comercio dejó sin sustento a 88.000 familias y sin medio de transporte a 2 millones de usuarios.

Una decisión completamente desacertada que no tuvo en cuenta, en lo más mínimo, el impacto que generaría. ¿Qué pasará con los créditos que adquirieron los conductores para adquirir carros destinados a esta actividad? ¿Cómo van a asumir los sistemas de transporte más de dos millones de usuarios adicionales?

Los interrogantes son innumerables y las soluciones bastante demoradas. Por rápido y expedito que sea el trámite en el Congreso de un proyecto que reglamente este tema, antes de mayo o junio es difícil que salga, lo cual implica que durante el primer semestre de este año no habrá una respuesta concreta.

Además, es bastante improbable que el Gobierno permita un funcionamiento temporal de Uber vía decreto. El problema de la reglamentación recae en una obsoleta, pero vigente, ley de 1996, lo que cierra el margen de acción del ejecutivo. El Ministerio de Transporte no puede desconocer al Congreso y legislar de buenas a primeras a través de decretos.

Por eso, en este difícil contexto institucional y social, la maniobra de Uber para volver a operar es sencillamente brillante. Si el problema antes era que, supuestamente, se prestaba el servicio de transporte público sin cumplir los requisitos legales, ninguna dificultad debe ocurrir ahora que la plataforma deja claro que simplemente conecta dos partes que celebran un contrato de arrendamiento de un vehículo con conductor, la cual es una disposición completamente válida.

Definitivamente cuando el Estado es incapaz de brindar una solución, el mercado tiene la capacidad de innovar y responder a las necesidades de los usuarios de manera creativa.

Esta acción de Uber no es un fraude a la ley, no es un desconocimiento de la absurda decisión de la Superintendencia ni una manipulación del sistema. Sencillamente es un nuevo servicio que se le ofrece a un número nada despreciable de usuarios que permitirá generar ingresos para miles de familias trabajadoras.

Ahora, por su parte, el Gobierno no puede permitir chantajes ni extorsiones provenientes del gremio de taxistas. Todos deben tener la posibilidad de acceder al mercado y competir para ganar la confianza de lo usuarios. No se debe privilegiar a uno en desmejora del otro.

Si las dinámicas del mercado cambian, los actores se deben ajustar a ellas. El servicio del transporte no puede seguir enclaustrado en la visión que al respecto tenía el País hace dos o tres décadas. Las realidades son diferentes y, por ende, las exigencias y características con que se desarrolla el sector deben ser diferentes.

Uber volvió y esperamos que sea para quedarse definitivamente.

@Tatacabello

Publicado: febrero 21 de 2020