No se puede permitir que Uber se vaya del País. El sustento de casi 90mil familias depende de esta plataforma que, en tan sólo 6 años, logró consolidar un servicio que sin lugar a dudas transformó el servicio de transporte en el País.

Su operación desde el principio causó polémica. Por un lado, los taxis sostenían que Uber era ilegal, dado que los carros no pagaban aspectos como el derecho de circulación (cupo) o los seguros que les exige el Estado. Por otro lado, la empresa estadounidense afirmaba que no eran una empresa de transporte, sino una plataforma tecnológica, razón por la que no se les podía exigir el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento de este tipo de sociedades.

Aunque hay argumentos válidos tanto a favor como en contra, lo cierto es que la Ley que regula la prestación del servicio de transporte, que es de 1996, no contempla esta situación. Como consecuencia, existe un vacío legal que genera una profunda inseguridad jurídica para las inversiones que se hagan en este sector y que no solamente llevó a la salida de la empresa del País tras el fallo de la SIC, sino que ya había hecho que Colombia perdiera la inversión de 40 millones de dólares y 600 empleos directos que iba a hacer Uber.

Por eso, es sumamente positivo el anuncio del Gobierno de apoyar, con mensaje de urgencia, el Proyecto de Ley de los Representantes Edwin Ballesteros y Mauricio Toro que busca regular este tema. Durante 5 años la anterior administración le hizo el quite a este asunto y las consecuencias la están pagando hoy los dos millones de usuarios que se quedaron sin su medio usual de transporte.

Respecto del proyecto es necesario mencionar dos aspectos cruciales. El primero, es que se eliminan los cupos de los taxis, los cuales generaban una profunda inequidad frente a las plataformas, dado que los amarillos debían asumir un importante costo adicional que no estaban cubriendo los conductores particulares al momento de prestar el servicio.

Al respecto, cabe resaltar que la iniciativa busca crear un mecanismo de compensación, de tal manera que la inversión que realizaron los dueños de los cupos no se vea perdida con el cambio de legislación. El segundo, es el pago de seguridad social a los conductores por parte de la plataforma.

Evidentemente, este último es quizás el aspecto que más controversia genera de la regulación de Uber. Si se acepta esta tesis, las cargas entre taxistas y conductores particulares quedará prácticamente equilibrada, además del hecho que se alivia la contribución que deben hacer estos últimos.

Por el contrario, si no se acoge se facilita el emprendimiento y la innovación en el País, dado que exigirle a cada plataforma que pague seguridad social a las personas que intervengan en la prestación del servicio ofertado aumentaría considerablemente los costos de producción, sin mencionar que esta obligación podría llegar a ser exigible en el futuro para apps similares de otros sectores.

La discusión está abierta y será el Congreso quien tenga la última palabra. Lo importante, es que se logre expedir la regulación lo antes posible y ojalá teniendo en cuenta la opinión de todos los actores involucrados. Tanto Uber como taxis deben convivir sin exclusiones que perjudiquen a miles de colombianos.

@Tatacabello

Publicado: enero 17 de 2020