Desde que finalizó la campaña por el NO en el Plebiscito el año pasado y el Gobierno Nacional desconoció nuestra victoria al traicionar la voluntad popular y la democracia –imponiendo los acuerdos de La Habana-, los miembros de la oposición hemos sido calificados negativamente en repetidas ocasiones. No obstante, el tiempo nos ha dado la razón y poco a poco Colombia se ha dado cuenta de quiénes decíamos la verdad.
Una verdad incómoda que muchos se resistían a creer y que ahora debemos afrontar si queremos que el País recupere su rumbo. Esa verdad es simple: arrodillaron nuestro Estado ante el terrorismo, nuestras instituciones se parecen cada vez más a las venezolanas y el narcotráfico se fortaleció inmensamente.
Desde el comienzo del proceso de paz el ex-Presidente Uribe primero y luego nosotros en Centro Democrático, advertimos que no se podía confiar ni en las FARC ni mucho menos en Juan Manuel Santos. Nuestro escepticismo quedó justificado después de que algunas supuestas “mentiras” terminaron siendo verdad:
- Desde el inicio dijimos que dentro de las FARC no existía unidad de mando. En marzo de 2016 el Presidente anunció que se desmovilizarían 17.500 guerrilleros. En 2017 sólo cerca de 7.000 personas lo hicieron. Los demás continuaron como disidencias que el Gobierno Nacional denominó grupos “residuales”. Lo irónico es que los residuos constituyen más del 50% del estimado original de desmovilizados.
- Advertimos que las FARC no entregarían todos sus bienes para reparación de víctimas. Una semana después de inventariarse las propiedades que la guerrilla entregó, Ejército y Fiscalía incautaron posesiones de esta organización por un valor de $17 millones de dólares. Un episodio parecido al acontecido en Costa Rica, cuando denunciaron que Pablo “Catatumbo” tendría bienes avaluados por $30 millones de dólares en el país caribeño.
- Prometieron que con la firma de la paz y la desmovilización de las FARC el tráfico de drogas disminuiría, pero el número de cultivos ilícitos se duplicó en el país, pasando de 96 mil hectáreas sembradas con coca en 2015 a 188 mil hectáreas en 2016. Las políticas antidrogas del Gobierno Nacional han fracasado y EE.UU. amenaza con descertificarnos.
Dicho esto, quiero advertirles que se está cocinando otro gran “conejo” que desde hace tiempo venimos anunciando: habrá impunidad. Hecho que se hace evidente al hacer seguimiento a los eventos relacionados con la Justicia Especial para la Paz (JEP) que por estos días se tramita en el Congreso de la República.
Lo anterior parece inevitable puesto que muchos de los magistrados electos para trabajar en la JEP son personas de una clara orientación política socialista, de izquierda o anti uribista, situación que hace poco probable un escenario en el que los colombianos recibamos justicia por medio de condenas a las FARC. Algo tan innegable, que en días recientes el Partido Cambio Radical tomó la decisión de votar negativo la JEP y representantes de las FARC en el Congreso se oponen a textos en la Ley que aclaren que quien tenga deudas con la justicia frente a delitos de lesa humanidad no puede ser elegido en el Congreso hasta que responda por ellos.
Publicado: octubre 7 de 2017