No hay nada que nos moleste más a los ciudadanos que el aumento de los impuestos. En general, las alzas en el costo de vida nos alejan cada vez más del estándar que soñamos, y en esta tómbola siempre parecerá que son menos los que suben que los que bajan, aunque eso a menudo no sea cierto. La verdad es que las conquistas de las clases bajas son notorias y cada vez son menos desfavorecidas, pero las odiosas comparaciones hacen que muchos nieguen esa realidad y quieran abrir la puerta de los sustos dándole el poder a corrientes que arrasan con todo.

Ahora el gobierno del presidente Duque está decidido a transitar la vía dolorosa de una reforma tributaria que será nefasta en cuanto a consecuencias políticas para el 2022. Todos coinciden en que, en medio de esta pandemia, no era el momento para esta clase de reformas, lo que da una muestra no solo de que nadie quedará contento sino de que nadie estará de acuerdo. Al final, tendremos una colcha de retazos resultante del tira y afloje de intereses representados en un Congreso sin mermelada oficial, pero sí con presencia de los más diversos sectores del país, todos tirando para su lado.

La pregunta clave es: ¿y para qué la reforma? Resulta que Colombia está endeudada hasta el cogote, en más de 600 billones de pesos. Tan solo la administración de Santos duplicó la deuda externa sin que sepamos muy bien, a ciencia cierta, en qué se derritió tanta mermelada: Santos Iscariote nos endeudó más que todos los presidentes juntos desde Bolívar. ¿Que se hicieron muchas obras como las vías de tercera generación llenas de túneles y viaductos? No, todas ellas son concesiones viales que se pagarán con peajes durante 30 o 40 años.

Como si fuera poco, el gasto del gobierno central se ha más que duplicado desde 2010, cuando ese sátrapa llegó a la presidencia, pasando de 148 billones a 314 billones este año. Y eso no lo explica la inflación ni el interés compuesto. Del Estado austero que pregonaba el presidente Uribe se pasó al Estado derrochón de Santos, empeñado en comprar apoyos con viviendas gratis y programas sociales que enmascaraban los excesos de Palacio: las almendras, las cortinas, los muebles, esas fastuosas cumbres presidenciales, las giras internacionales innecesarias, su flotilla de aviones y mil cosas más. Eso, para no hablar de los indignantes ‘contratos para la paz’ que se suscribieron por centenares para matricular adeptos a esa fechoría, y la compra de conciencias de periodistas y medios para que se subieran a ese bus.

Para ajustar, la pandemia le ha ocasionado al Estado gastos por 80 billones que no estaban en los cálculos de nadie. Ojalá dentro de unos años no aparezcan bodegas repletas de mascarillas inservibles, medicinas vencidas, equipos médicos ya deteriorados sin usar y toneladas de alimentos descompuestos que no llegaron a quienes los necesitaban. Lamentablemente, parece inevitable que en la adquisición de elementos que se requieren con urgencia —incluso las vacunas— se pierda mucho dinero.

Lo cierto es que este gobierno busca unos 25 billones con esta reforma, de los cuales unos 15 serían para pagar deuda y el resto para reforzar el asistencialismo que ya nos está haciendo ver como Cuba o Venezuela: Ingreso Solidario de 360.000 pesos mensuales para 4,7 millones de familias pobres; devolución del IVA de 45.000 pesos mensuales para esas mismas familias; matrícula cero para estudiantes de estratos 1, 2 y 3 de universidades públicas; incentivos para empresas que contraten a jóvenes entre los 18 y los 28 años y ampliación del Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef) hasta finales del 2021.

Pero, ¿tiene sentido ejecutar una reforma que podría arruinar la economía, para crear más subsidios? En Colombia, las empresas tributan el 70%, mientras el promedio de Latinoamérica es de 40% y en Estados Unidos del 25%. Así es imposible hacer empresa. Esta reforma puede empeorar este panorama y agudizar el desempleo y la dependencia. La mejor política social es el empleo y el crecimiento económico, pero el único crecimiento que se avecina es el del Estado glotón.

Colombia necesita austeridad, adelgazar el Estado con audacia y eliminar el gasto superfluo. Igualmente, castigar de manera ejemplar la corrupción, el contrabando y la evasión, que representa ella sola el 30% del total del recaudo. No se necesitan más impuestos sino menos impuestos; así se estimularía la inversión privada, generando más empleos e impulsando la economía. Es cierto que la solidaridad es un atributo encomiable, pero no puede ensalzarse tanto que haga de la democracia algo insostenible. No puede ser la tapa del ataúd sobre el que un hampón se pare a dar su discurso de posesión en 2022.

@SaulHernandezB

Publicado: marzo 31 de 2021