Los defensores del acuerdo con la banda terrorista de las Farc, aseguran que la denominada jurisdicción especial para la paz es prenda de garantía para las víctimas, pues esta es el vehículo hacia la verdad, la reparación y la justicia desde una perspectiva transicional.

Pero la práctica muestra algo totalmente distinto. El sesgo ideológico de la mayoría de magistrados de la JEP, permite prever que éstos impartirán “justicia” con guantes de seda cuando el procesado sea de la izquierda, mientras que aplicará todo el rigor en los casos de los miembros de la Fuerza Pública.

La JEP, hasta ahora, se ha dedicado a gastar dinero y sus integrantes se han concentrado en pulsos intestinos para determinar quién se queda con la mejor oficina y con el carro oficial más lujoso, bienes puestos a disposición de ese órgano de justicia.

Por tratarse de un tribunal transicional, se espera que sus procedimientos sean expeditos. La JEP debe dar resultados rápidos, para efectos de despejar las dudas que pesan sobre su legitimidad.

La captura con fines de extradición del narcotraficante de las Farc, el terrorista alias Jesús Sántrich, es una prueba de fuego para la JEP. Las evidenciasque hay en el expediente, demuestran sin lugar a dudas que los crímenes por los que ese capo de la mafia fue arrestado, fueron cometidos con posterioridad a la entrada en vigor del acuerdo Santos-Timochenko, en diciembre de 2016.

Las grabaciones, fotografías y registros de las reuniones entre Sántrich y los agentes encubiertos que se hicieron pasar como enviados del cartel de Sinaloa se propiciaron entre junio de 2017 y marzo de este año.

Así las cosas, mientras los bandidos de las Farc decían estar haciendo proselitismo y consolidándose como partido político, uno de sus más importantes líderes estaba negociando gigantescos embarques de cocaína.

La fiscalía colombiana y la justicia de los Estados Unidos tienen perfectamente documentado el caso, razón por la que la JEP no tiene competencia alguna.

Por eso, genera desconfianza y preocupación el anuncio hecho por la presidenta de la JEP, la magistrada Patricia Linares –cuota del contralor Edgardo Maya Villazón-, en el sentido de que se tomará 120 días para tomar una decisión definitiva.

En esos 4 meses, un juez cualquiera puede ordenar la libertad de Sántrich, argumentando un vencimiento de términos y facilitar así la fuga de ese delincuente.

En criterio de un investigador de la fiscalía que conoce el expediente, “una revisión detenida del acervo no toma más de 5 días. Desde el primer instante se puede establecer que la fecha de los hechos es posterior al día en que se firmó el acuerdo definitivo con las Farc”.

Si para definir la suerte de Sántrich la JEP tardará 120 días, ¿cuánto tiempo se va a tomar ese tribunal para decidir sobre casos que sí tengan una complejidad real?

Esta primera actuación de la jurisdicción especial de paz permite concluir que esa corte burocratizada y politizada fue inventada para tapar los crímenes de las Farc, enredándolos y dilatando insoportablemente las investigaciones que avocará.

Urge entonces que el nuevo gobierno, a partir del 7 de agosto, tome las medidas que corresponda para reversar a la JEP y crear un mecanismo judicial real, que le garantice a las víctimas de las Farc que los responsables de los peores crímenes serán efectivamente castigados.

@IrreverentesCol

Publicado: abril 17 de 2018