Abundan los parecidos entre el tribunal que se establecerá en Colombia como consecuencia del proceso de paz y la Santa Inquisición.

A finales del siglo XII, el Papa Lucio III emitió la bula Ad Abolendam “para abolir la depravación de las diversas herejías que en los tiempos presentes han empezado a pulular en diversas partes del mundo”.

Aquel documento papal dio inicio a lo que se conocería como la Santa Inquisición que empezó a perseguir a esos buenos cristianos que vivían en el sur de Francia y que eran conocidos como los Cátaros. Su culpa: propender por una vida ascética, descartando cualquier apego por lo material, pues consideraban que el mundo y todo lo que lo rodeaba era de creación diabólica.

Fueron perseguidos con inclemencia y condenados a la hoguera en procesos cargados de subjetividad y odio por quienes cumplieron la innoble misión de presidirlos.

Muchos habitantes del sur de Francia fueron conducidos al cadalso acusados de ser cómplices de los Cátaros, desatando un conflicto que se mantuvo durante siglos y por el que no hace muchos años el hoy santo Juan Pablo II ofreció excusas en nombre de la Iglesia.

Los inquisidores, así se les conocía a los enviados del Sumo Pontífice, recibían listados con los nombres de todos aquellos que fueran sospechosos de herejía. Y considerábase hereje al que la practicaba como el que la encubría y financiaba o el que la conocía y no la denunciaba.

El tribunal tenía una fórmula de juicio particularísima. Llevaba al acusado, lo torturaba física y psicológicamente para que confesara su responsabilidad con la promesa que una vez lo hiciera lo dejaría libre y limpio de cualquier sospecha.

Muchos, que nunca incurrieron en prácticas heréticas -atemorizados por el infinito, incontrolado e inapelable poder del tribunal inquisidor- confesaban con el anhelo de salvar sus vidas. Caían en la trampa. Hecha la confesión, impuesta la sentencia que casi siempre era la misma: la hoguera.

 

El Tribunal Especial de Paz

Abundan los parecidos de forma entre el nuevo tribunal que se establecerá en Colombia como consecuencia del acuerdo de paz alcanzado entre Santos y las Farc y la Santa Inquisición, así el gobierno emplee todas sus fuerzas para hacerle creer a los colombianos que no es así.

Al ser prevalente, el tribunal absorberá la competencia de las investigaciones que adelante la justicia ordinaria rompiendo en mil pedazos la unidad procesal. Investigará a su manera y a su antojo. Hará comparecer a quien le venga en gana, pues cualquier hecho que haya ocurrido en Colombia en los últimos años puede enmarcarse en el así llamado “conflicto armado”.

Se dice que el acusado no tendrá problema alguno. Que basta con que se haga presente, confiese las circunstancias de tiempo, modo y lugar con que participó en los hechos investigados y luego podrá irse para seguir tranquilamente con su vida.

Si la cuestión fuera así de simple, entonces se estaría frente a una flagrante violación de la Constitución colombiana que dice –artículo 33- que “nadie estará obligado a declarar contra sí mismo…”.

Quienes presentan al Tribunal Especial de Paz como si fuera un recreo de monjas benigno, diseñado para solucionar problemas y no para enredarle la vida a la gente, aseguran que el que no haya cometido un delito de lesa humanidad en calidad de determinador o ejecutor, no tiene porqué temer.

Pero la experiencia indica que aquello no es tan cierto en un país en el que el derecho penal ha sido utilizado para destruir política y humanamente a los rivales ideológicos. Quedará al arbitrio de los magistrados de dicho tribunal resolver la suerte de los comparecientes. Al empresario que la guerrilla o las AUC hubieran extorsionado, le podrán decir sin mayores pruebas que el dinero desembolsado sirvió para la planificación y ejecución de una masacre, con lo que automáticamente el acusado pasará a ser copartícipe de aquel delito de lesa humanidad. De hecho, todo el dinero que industriales, comerciantes y particulares hubieran pagado a las estructuras armadas ilegales fue utilizado precisamente para cometer acciones terroristas, pues no hay evidencia de que las Farc, el Eln o las AUC sostuvieran hogares geriátricos, jardines infantiles, hospitales o escuelas.

Los procesos durante la inquisición empezaban con un listado de posibles responsables de herejía. El Tribunal Especial de Paz, que aún no se ha establecido, ya tiene en su poder un papel que tiene consignado el nombre de 50 empresas. Ese será el “banderazo” con el que debutará esa justicia que bien parece una puesta en marcha de lo que los teóricos han llamado el “derecho penal del enemigo” y que en vez de sentar las bases para la reconciliación nacional, será el responsable de la mayor polarización y crispación social que se haya vivido en toda nuestra historia.

Cuando el Papa Lucio III decretó la inquisición en 1184, se pensó que en cuestión de meses aquellos tribunales extirparían a la herejía de la faz de la Tierra. La cuestión se alargó más de lo planeado y fue a mediados del siglo XX cuando el Vaticano acabó con el Santo Oficio, nombre con el que se había rebautizado a la Santa Inquisición.

Persisten las dudas: ¿Cuántos años va a durar el Tribunal Especial de Paz? ¿Cuál va a ser el periodo de sus magistrados? ¿Cuáles serán sus competencias? ¿Sus decisiones harán parte del cuerpo jurisprudencial de Colombia? Mientras tanto, la academia, las facultades de derecho y los magistrados de las altas cortes, miran hacia un lado y, tal vez por temor, han preferido guardar silencio.

@IrreverentesCol

Publicado: septiembre 5 de 2016