Hay que desconocer la existencia y en consecuencia todas y cada una de las decisiones adoptadas por la ilegítima JEP.

Al conocerse los nombres de jueces y magistrados que integrarán la denominada jurisdicción especial de paz, se encuentran casos preocupantes que confirman las sospechas que se tenían en el sentido de que esa estructura será una suerte de tribunal de la inquisición, en el que los conducidos no tendrán ninguna garantía.

Es obvio que la JEP tiene una doble función: absolver rápidamente a los genocidas de las Farc y condenar con sevicia a quienes desde la democracia enfrentaron a los terroristas.

Una de las principales razones por las que la mayoría ciudadana votó en contra de los acuerdos de La Habana en el plebiscito del pasado 2 de octubre, fue el establecimiento de la JEP, un tribunal que se convierte en una entidad infinitamente poderosa e incontrolable.

Con el robo del plebiscito por parte de Juan Manuel Santos, en un evidente fraude que ha quedado impune, se ratificó a la JEP. Acto seguido, se integró un grupo de cuestionados seleccionadores, todos de izquierda, para que escogieran a los magistrados y jueces integrarán esa jurisdicción, tarea que acaba de cumplirse.

Entre los seleccionadores, estaba una farmaceuta de apellido Vaca, mujer evidentemente simpatizante de la izquierda radical. Al preguntársele si en el estudio de las hojas de vida de los aspirantes, se revisaron sus intervenciones públicas que pudieran ser constitutivas de prejuicios contra otros ciudadanos, particularmente el expresidente Álvaro Uribe y el uribismo, la flamante experta en fórmulas químicas y no en principios elementales del derecho y de la justicia, alegó irresponsablemente que los seleccionadores no estaban obligados a realizar dicha tarea.

La polarización que se vive en nuestro país es evidente, razón por la que debieron establecerse unos filtros mucho más rigurosos para la elección de los magistrados de la JEP.

Los jueces deben ser imparciales. Deben tener como norma de conducta la aplicación de la leyes y no la imposición alevosa de sus ideas políticas.

Nadie está pidiendo que las Farc sean investigadas y juzgadas por militantes o simpatizantes del Centro Democrático. Pero igualmente, se demanda que sus jueces no sean sujetos que han tenido evidente cercanía con ellos.

Una mujer que hecho parte de un colectivo que lleva décadas defendiendo a personas allegadas a las Farc, no es prenda de garantía para un juicio justo. Seguramente, ella tiene la convicción de que la “lucha” de la guerrilla fue justa y que sus delitos, siguiendo la nefanda doctrina del desaparecido Carlos Gaviria Días, se cometieron “para buscar una vida mejor”.

Esas lecturas e interpretaciones amañadas de la violencia que azotó a nuestro país, en vez de tender puentes hacia la reconciliación, se constituyen en argumentos para la profundización de la crisis y de la polarización.

Lo que Santos y las Farc piensan hacer con la JEP, será un atentado mortal contra la ya agredida democracia colombiana. No puede utilizarse un tribunal ilegítimo, ilegal y abusivo de justicia para perseguir a quienes se han opuesto valientemente al terrorismo.

Corresponde rechazar y desconocer abierta y directamente la existencia de la JEP y, por lo tanto, todas y cada una de las decisiones que emanen de esa jurisdicción, creada para limpiar el prontuario de los terroristas y perseguir a los opositores legítimos de los criminales.

@IrreverentesCol

Publicado: septiembre 28 de 2017