Cada vez son mayores y más evidentes las ganas de defenestrar al procurador Alejandro Ordóñez quien, hoy por hoy, se ha convertido en el muro de contención del Estado colombiano. Mientras todos los servidores y las ramas del poder se entregaron solícitamente al Gobierno y a su “mermelada”, el procurador general de los colombianos ha radicalizado la defensa de sus funciones como cabeza del ministerio público.

Desde hace meses, propuso una serie de encuentros para hablar del proceso de paz. Su crítica no es a la búsqueda de la reconciliación entre los colombianos sino a la manera como desde La Habana se está violentando el ordenamiento jurídico nacional. No es un capricho de Ordóñez sino una lectura reposada y calmada de la realidad: los crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes y no pueden ser castigados con sanciones menores, porque aquello controvierte lo estipulado en el Estatuto de Roma.

Frecuentemente recibe ataques arteros desde la Casa de Nariño. El presidente Santos en más de una ocasión lo ha señalado de ser un enemigo de la paz, llegando al extremo de “pedirle que deje de hacer política y de meterse en el proceso de paz”.

La ministra de educación, la otrora uribista y hoy santista Gina Parody  no se ha quedado atrás en los ataques al procurador quien, con ingenio y conociendo los defectos de carácter y el talante de la funcionaria, se ha limitado a responder que sus salidas no son más que simples “pataletas de niña malcriada”, réplica que seguramente ha herido sobremanera al inconmensurable ego de la ministra vocinglera.

El consejo de Estado

Desde hace años el Consejo de Estado, tribunal del que el doctor Ordóñez Maldonado hizo parte, estudia una demanda absurda que presentó el enemigo ideológico de él, Rodrigo Uprimny quien alega que la reelección del Procurador General de la Nación es ilegal. Lo curioso es que Ordóñez no es el primer procurador relecto. En el pasado, Edgardo Maya estuvo dos periodos al frente del Ministerio Público, sin que entonces Uprimny considerara que aquello hubiera sido ilegal. De hecho, valga apuntar, Uprimny celebró contratos de asesoría con Maya en sus dos periodos como procurador.

Pues bien, el hecho de que Ordóñez ostente la calidad de procurador, no significa que deba irrespetársele el debido proceso y que deba ser juzgado por jueces que son claramente parcializados. Como lo han informado LOS IRREVERENTES, tres de los consejeros de Estado que participan en la deliberación de la demanda contra la elección del procurador son personas que abiertamente son “opositoras” ideológicas suyas, tal y como el mismo abogado de ellos lo ha reconocido por escrito y ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (Ver: “Magistrados rebeldes” y “Magistrados, a responder”).

El presidente Santos ha sido uno de los principales promotores de la persecución contra el procurador

Como le corresponde a cualquier procesado, el procurador haciendo uso de su derecho a exigir  que sus jueces observen una férrea imparcialidad, procedió a recusar a los 3 consejeros de Estado que claramente observan animosidad en su contra.

Lo insólito en todo esto fue la rápida respuesta que a la recusación le dio la consejera de Estado Rocío Araujo, acusando a Ordóñez de “desleal”. Así mismo, dijo que el procurador está observando una conducta “dilatoria e improcedente” y, de paso, ordenó que se le investigue disciplinariamente por el simple hecho de haber solicitado transparencia y equidad en el juicio administrativo que se adelanta sobre su reelección.

Que Ordóñez le es incómodo al gobierno no es algo nuevo. Tampoco lo es que su presencia en el Ministerio público le produzca irritación a algunos miembros de la rama jurisdiccional que han encontrado en él a un faro incorruptible que no ha prestado la entidad que dirige para el clientelismo y la politiquería judicial que tanto daño le ha hecho a la democracia colombiana.

Las Farc no se quedan atrás en el odio hacia él. El narcoterrorista, alias Iván Márquez, que evita reconocer su responsabilidad en crímenes atroces, ha preferido invertir su tiempo redactando trinos que respaldan la reciente decisión del Consejo de Estado: “¿Incurre Procurador Ordóñez en obstrucción a la justicia al dilatar con marrullerías decisión Consejo de Estado?”, se preguntó el capo Márquez hace unos días.

Mientras un reducido sector del poder, con el apoyo de las Farc, se muestra obsesionado en el empeño de sacar a Alejandro Ordóñez de la Procuraduría General de la Nación, en la opinión pública su imagen se consolida y el respaldo a su gestión en defensa de los derechos de la sociedad crece de manera exponencial.

@IrreverentesCol