¿Cuántos de los cientos de los idiotas útiles y de los osados agitadores profesionales que salieron a marchar (léase: a destrozar mobiliario público y bienes privados), el pasado lunes en Bogotá y Medellín, se contagiaron de Covid-19? Las cifras, obviamente, jamás se sabrán pero de lo que no hay duda alguna, es de que esas dichosas aglomeraciones en las que se infringieron prácticamente todas las normas de bioseguridad y de distanciamiento social, traerán consecuencias de salubridad devastadoras.

Y, digo idiotas útiles, porque eso son esos pobres individuos que utilizan los ideólogos totalitarios que incitan a las marchas desde sus escritorios, los cobardes gestores de despropósitos como ese, con clarísimo interés político de desestabilizar el gobierno, que no corren ningún riesgo y mucho menos el de exponerse a contraer una temible enfermedad.

“Colombia va a salir a las calles, no hay ninguna razón jurídica que lo pueda impedir, es un derecho constitucional”, repitió una y mil veces Gustavo Petro en su cuenta de tuiter, estimulando a sus seguidores a marchar.

Y razón tiene el “Señor de las bolsas” cuando dice que la protesta es un derecho constitucional que en condiciones de normalidad no se puede restringir, sin embargo (olvidó quizá), que en un estado declarado de emergencia por la pandemia mundial, a ese derecho, como a muchos otros, la libre movilización, el trabajo, el estudio, la recreación, el ejercicio del culto, etc., se les pueden poner límites temporalmente porque hay un derecho fundamental que está por encima de todos y es el derecho a la vida, entonces, llamar al pueblo para que se vuelque a las calles en momentos de confinamiento y mientras rigen severas medidas de distanciamiento social, es un acto de irresponsabilidad delictiva.

Bajo la premisa anterior, los alcaldes Claudia López y Daniel Quintero, han debido restringir o condicionar esas movilizaciones porque había un asunto
de salud pública que primaba.

De la alcaldesa de Bogotá, de quien he hablado en otras ocasiones, solamente diré que por conveniencia política, cometió uno más de sus muchos desaciertos.

Otro tanto sucedió con el de Medellín, sin embargo, a pesar de los reparos que tengo por su gestión, debo reconocer que el alcalde Quintero, en términos generales, venía cumpliendo una muy buena labor en el manejo del problema de la pandemia. Acertó cuando desde un comienzo entendió que la mejor salida era alinearse con las políticas del Estado y no ponerse a improvisar, de allí que hoy Medellín sea una de las ciudades que se está reactivando poco a poco, que está tratando de recuperar juiciosamente su industria y comercio, y tenga unas tasas de mortalidad y de contagio muy bajas.

Ojalá esa torpeza no nos cueste muy caro.

Y, termino diciendo, que no olvidemos que a Petro “el de las bolsas”, le parece que salir a trabajar aunque sea cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad es “un suicidio” y “en el caso de un jefe de Estado es un genocidio por omisión”, eso sí, salir masivamente a marchar, a protestar, no acarrea peligro alguno “porque es un derecho constitucional” y “no hay ninguna razón jurídica que lo pueda impedir”.

@cdetoro

Publicado: junio 20 de 2020