La grave denuncia hecha por el congresista uribista, Samuel Hoyos que puso en evidencia que la JEP se convirtió en una entidad promotora del turismo, permitiendo que terroristas implicados en graves crímenes de lesa humanidad pudieran salir de Colombia para pasar vacaciones en otras latitudes, es un argumento adicional para buscar la manera de acabar con ese mecanismo diseñado para garantizar la impunidad de los miembros de las Farc.

En la denuncia del parlamentario Hoyos se lee que, de acuerdo a la ley 1820 de 2016, los beneficiarios de amnistía e indulto, “no pueden salir del país sin previa autorización de la jurisdicción especial para la paz”.

Así mismo, quedó contemplado que mientras se posesionaban los magistrados de dicho organismo, el secretario general tenía las facultades para conceder los permisos para que los terroristas salieran del país.

Samuel Hoyos descubrió que con posterioridad al 15 de enero de este año, cuando ya estaban posesionados todos los magistrados de la JEP, el secretario de esa entidad, Néstor Raúl Correa, continuó otorgando permisos para salir del país y citó 6 casos, con fechas precisas: Hugo Ancízar Pérez, quien viajó a Ecuador el 1 de marzo de este año. Fernando Arellán (responsable de la bomba en el club El Nogal), viajó a Venezuela el 8 de marzo pasado. Andrés Mauricio Zuluaga, se desplazó a España el 22 de marzo. Un día después, Gustavo Bedoya abordó un vuelo hacia Chile. Alias Benkos Biohó, despiadado terrorista de las Farc, fue autorizado para viajar a Ecuador el 2 de abril, en compañía del secuestrador y violador de menores, alias Pastor Alape.

En criterio del congresista Hoyos, “existen bases razonables para creer que el señor Néstor Raúl Correa se extralimitó en sus funciones al expedir autorizaciones de salida del país a los beneficiarios de la ley de amnistía e indulto, cuando los funcionarios competentes para dicho propósito eran los ya posesionados magistrados de la JEP”.

Como es sabido, Correa fue despedido de la JEP en medio de un vulgar pulso por los puestos, las prebendas y el control del presupuesto asignado a ese organismo de impunidad. Él, que era cuota del cuestionado rector del Externado de Colombia, Juan Carlos Henao, terminó perdiendo la apuesta y tuvo que dar un paso al costado.

No obstante, las pruebas allegadas por Samuel Hoyos no dejan espacio para las dudas y le corresponderá a la procuraduría general de la nación iniciar en el término de la distancia una investigación que culmine en una sanción ejemplar contra ese funcionario que, además de haber hecho festines con el dinero destinado a la JEP, convirtió a ese cuestionado tribunal en una verdadera agencia de viajes y turismo para miembros de las Farc, asesinos despiadados que en vez estar paseándose por el mundo deberían responderles a sus víctimas y a la sociedad en general por los daños causados.

@IrreverentesCol

Publicado: junio 5 de 2018