Con magistrados afines, se establecerá un tribunal al que serán conducidos los que enfrentaron desde la legalidad a la guerrilla.

Pasados 4 años de diálogos en La Habana, el gobierno y la banda terrorista de las Farc llegaron a un acuerdo final que se traduce en un pacto de complicidades que le garantizará impunidad a los peores criminales de la historia de Colombia quienes, además de todo, gozarán de beneficios políticos que resultarían inaceptables para cualquier democracia.

A partir de ahora, los Colombianos nos veremos forzados a ver cómo una cuadrilla de secuestradores, extorsionistas, asesinos, narcotraficantes, perpetradores de los peores crímenes contra la humanidad, posen de dirigentes políticos, sin haber pagado un segundo de cárcel por los delitos que han cometido.

Uno de los aspectos que mayor indignación genera es que todo lo que en su momento se advirtió desde la orilla de la oposición que iría a suceder y que el gobierno negó, terminó pasando. Santos dijo que no existía la menor posibilidad de que el capo “Timochenko” fuera a ser Senador y el resultado es que lo será durante dos periodos consecutivos en los que tendrá una curul regalada a la que podrá llegar con 3 o 5 votos.

Así mismo, fueron muchas las voces que anunciaron que este proceso de paz terminaría siendo una gigantesca operación de lavado de activos, apreciación que en su momento fue plenamente compartida por el Procurador General de la Nación y, en efecto terminó siéndolo, pues en el acuerdo final no hay una sola línea que haga referencia a la devolución de dineros ilícitos de la guerrilla. Todo lo contrario, seguramente los colombianos tendrán que salir a financiar las actividades políticas de los ahora exterroristas que en un abrir y cerrar de ojos y por capricho de Santos pasaron de ser unos facinerosos a dirigentes políticos de la democracia.

Pésimo ejemplo

El acuerdo suscrito en Cuba pone en grave riesgo la estabilidad republicana de Colombia. La administración de justicia será reemplazada por un tribunal supranacional con ilimitados alcances que, en un abrir y cerrar de ojos, podrá ampliar –dado su tremendo poder- el alcance de su mandato. Lo que empezará existiendo como un mecanismo para determinar la responsabilidad penal de ciertas personas respecto de los crímenes que se cometieron con ocasión de su pertenencia a un grupo armado organizado al margen de la ley, terminará funcionando como un tribunal de la inquisición al que serán conducidas todas aquellas personas que desde la democracia y con las armas de la argumentación y de la denuncia, han rechazado el accionar violento de las Farc. Todo aquel que de una u otra forma haya elevado algún tipo de crítica o enfrentado el accionar violento de los bandidos con los que Santos pactó la impunidad terminará sentado en el banquillo de los acusados, investigado por jueces nombrados a dedo por la guerrilla, todos ellos afines ideológicos suyos.

Los militares y policías que valientemente enfrentaron el desafío terrorista, que arriesgaron sus vidas y vieron cómo compañeros suyos cayeron en el campo de batalla en el cumplimiento de su deber, recibirán un tratamiento similar al de los delincuentes que combatieron durante décadas. Así pues, un soldado será puesto al mismo nivel de un terrorista y esa ofensa es un atentado directo al honor de los miembros de nuestra otrora gloriosa Fuerza Pública.

Y todo aquello es el peor ejemplo que pueda enviársele a las nuevas generaciones a las que se les está diciendo que ser criminal, al final del día, es bueno. Se les está advirtiendo que quienes hayan cumplido durante toda su vida con las reglas de juego democráticas no gozarán de beneficio alguno, mientras que aquellos que han recurrido al terrorismo, a la violencia indiscriminada, al narcotráfico serán beneficiarios de toda suerte de gabelas y prebendas.

A decir NO

Aunque no existe la menor posibilidad de imponer el NO en el plebiscito, pues la campaña es desigual desde todo punto de vista, empezando porque la guerrilla hará proselitismo armado, los colombianos que no compartan el contenido de los acuerdos con las Farc tendrán el deber de redoblar esfuerzos para conseguir el mayor número de votos posible.

Igual, la clave estará en el Congreso de 2018. Ahí, en ese escenario es donde se medirán las fuerzas, razón por la que la oposición deberá preparar una lista de candidatos de lujo que lleguen al legislativo con el mandato de contener la esquizofrénica y nociva agenda política con la que llegarán los extraditables que integren la bancada de las Farc.

Deberá ser una lista cerrada liderada por el expresidente Uribe e integrada por personas de las más altas calidades políticas e intelectuales. Una bancada bastante diferente de la que hoy hay, donde muchos son verdaderos ceros a la izquierda que en su vida se imaginaron que serían senadores y, pasados dos años desde su posesión, aun no salen del asombro por el poder pasajero que les cayó del cielo.

@IrreverentesCol