Cumplida la jornada cívica del 1 de abril, en la que miles y miles de colombianos marcharon en distintas ciudades del país para expresar su descontento con el gobierno de Juan Manuel Santos, el mandatario de los colombianos, acostumbrado a esconderse y a no darle la cara al pueblo, tiene que apartarse del poder de forma inmediata. (Lo invitamos a leer “Colombia gritó ¡Fuera Santos, fuera!”).

Llegó al poder de forma ilegal, empeñándole su cargo a la corrupta empresa Odebrecht. Se ha sabido que en 2014, su lugarteniente, Roberto Prieto, repitió la operación, esta vez recibiendo dineros en efecto. La de 2010 y 2014, es plata cuyo origen es el mismo: la corrupción.

Desde que asumió las riendas de la nación, Juan Manuel Santos estableció un régimen putrefacto, en el que el dinero público no es utilizado con el propósito que ordena la ley, sino para enriquecer fabulosamente a sus amigos y aliados políticos circunstanciales. Desde el 7 de agosto de 2010, nuestro país está enredado en un nefasto espiral de corrupción orquestado por el presidente de la República.

El acuerdo entre Santos y las Farc, no es de paz. Es un documento que protocoliza la rendición del Estado de derecho frente al grupo terrorista y narcotraficante de las Farc. La administración de justicia quedó herida de muerte con la entrada en vigor de la denominada jurisdicción especial de paz.

No se puede olvidar que la integridad colombiana fue alevosamente menoscabada durante el gobierno de Santos por cuenta de un fallo demoledor proferido por el Tribunal Internacional de Justicia que le dio la razón a Nicaragua en unas pretensiones totalmente descabelladas respecto de la soberanía de una amplísima fracción del mar caribe.

La indolencia y el poco profesionalismo del gobierno, particularmente de la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín en la defensa de los intereses de Colombia se vieron reflejados en el fallo emitido en el año 2012 y que despojó a nuestro país de 90 mil kilómetros cuadrados de plataforma marítima.

Si el presidente albergaba alguna esperanza de que el pueblo aún lo respaldaba, las imágenes registradas durante la jornada del 1 de abril, deben obligarlo a reconocer que su gobierno ha naufragado, 16 meses antes de llegar a puerto.

Imágenes de la jornada del 1 de abril en distintas ciudades de Colombia

Por aferrarse al poder de forma obstinada, Santos no puede llevarse por delante a Colombia. Se hace necesario que dé un paso al costado y permita una salida institucional a la crisis en la que está sumergida nuestra nación.

Nunca antes la sociedad había estado tan polarizada. El responsable de la crispación social es el presidente Santos quien de manera equivocada y dañina decidió reventar en mil pedazos la estabilidad democrática, introduciendo al país por el peligroso sendero del denominado socialismo del siglo XXI.

El gobierno no tiene salvación. Su nivel de impopularidad seguirá creciendo aceleradamente con el paso de los días. Cada vez, es mayor la desconfianza del pueblo frente al gobernante corrupto que, encerrado en su palacio, reparte el tesoro público a diestra y siniestra entre sus cómplices.

Lo registrado en Colombia el 1 de abril, no se vio ni siquiera en el gobierno de Ernesto Samper, quien llegó al poder gracias a la multimillonaria financiación del cartel de Cali. Hace muchos años, el pueblo no expresaba de forma tan generalizada y contundente su rechazo a un gobernante y ese mensaje debe ser asumido por Santos con la seriedad que merece.

Colombia exigió la renuncia del presidente Santos

Santos tiene que salir y el Congreso de la República, como en su momento lo hizo con el dictador Rojas Pinilla, tiene la obligación de adelantar con celeridad el respectivo antejuicio político. Los delitos cometidos por Juan Manuel Santos ni pueden ni deben quedar en la impunidad.

Que Juan Manuel Santos no crea que su condición de Nobel de la Paz es una patente de corzo que le permite saquear a la deprimida Colombia. Frente a todo crimen –y son muchos los cometidos por el presidente-, hay un merecido castigo. En el asunto entre manos, las responsabilidades son políticas y también penales.

@IrreverentesCol

Publicado: abril 3 de 2017