Mayorías santistas en la comisión de acusaciones están empleadas a fondo para dejar morir investigación contra Santos por caso Odebrecht.

Hace pocos días tuvo lugar en la tristemente célebre comisión de acusaciones de la cámara de Representantes la diligencia de indagatoria al gerente de las campañas santistas, el cuestionado Roberto Prieto Uribe, quien planificó y ejecutó de la mano del presidente de la República el plan de financiación ilegal de las candidaturas de 2010 y 2014.

La diligencia, presidida por el representante sucreño Nicolás Guerrero, elegido por el partido de La U, fue una verdadera farsa, en la que desde el primer momento se notó el ánimo de la mayoría de los integrantes de la comisión de salvar al presidente, en la investigación que se le abrió por la financiación de sus dos campañas.

Prieto asistió con un libreto memorizado y evitó profundizar en sus respuestas. Lo insólito es que el representante Guerrero no hizo el más mínimo intento por obtener información que resultara valiosa para la investigación de los hechos.

La diligencia resultó tan absurda, que tan pronto comenzó,el representante investigador le dijo a Prieto que él no estaba obligado a responder las preguntas. Con aquel salvavidas en la mano, él invocó aquel “derecho” en la gran mayoría de los interrogantes que le formularon sobre la financiación de la campaña de 2010.

Respecto al pago que el presidente de Odebrecht, Eleuberto Martorelli reconoció haberle hecho a la empresa Sancho BBDO de un millón de dólares (al respecto, lo invitamos a leer: “Odebrecht compró las elecciones de 2014”), Prieto, con absoluta desfachatez, aseguró que aquel fue un negocio entre particulares que en absoluto benefició a la campaña santista.

Esa respuesta es un insulto a la inteligencia. ¿Para qué Odebrecht contrataría una encuesta de un millón de dólares, en plena campaña presidencial? Resulta inmensamente sospechoso que aquel “negocio entre particulares”, coincidencialmente se haya hecho entre la empresa con la que Prieto y la campaña del presidente tenían estrechos vínculos y la firma contratada para llevar a cabo toda la campaña publicitara del presidente-candidato Juan Manuel Santos.

Un hecho adicional: de acuerdo con la declaración de Martorelli, el acuerdo para finiquitar el pago de la encuesta, se realizó en un evento social en el que estaba la plana mayor de la campaña santista.

Otto Bula, el congresista investigador Guerrero y Roberto Prieto

Es normal que una persona de la catadura de Roberto Prieto intente manipular con aquella versión, pero lo que resulta inadmisible es que los investigadores de la comisión de acusaciones compren aquella explicación, a todas luces inverosímil.

Respecto a los señalamientos de Otto Bula, Prieto insiste en que él no recibió un peso y que el millón de dólares del que habla el exsenador nunca llegó a sus arcas ni a las de su testaferro, el oscuro empresario Andrés Giraldo.

La investigación contra Santos apenas comienza en la cámara de Representantes, pero todo indica que ésta se convertirá en un verdadero circo. Las mayorías santistas de la comisión de acusaciones tienen todo preparado para evitar que los hechos sean indagados a profundidad. Su compromiso con la impunidad es tan evidente que impidieron que el representante uribista Álvaro Hernán Prada -quien es la persona que impetró la denuncia contra Santos- formulara preguntas relacionadas con la financiación de la campaña santista en 2010, alegando que no hay unidad de materia, cuando aquello es absolutamente falso. Se trata de los mismos hechos y de los mismos protagonistas. Desde 2010 existe un vulgar e ilegal maridaje entre Juan Manuel Santos y la empresa Odebrecht.

Otro elemento que resulta altamente preocupante es la falta de interés del congresista Guerrero –cuyo actuar obliga a recordar al tristemente célebre Heyne Mogollón, investigador de Samper en el proceso 8000- por obtener la declaración de Otto Bula, quien es un testigo clave en este escándalo de corrupción.

Bula ha dicho que no ha atendido las citaciones de la comisión de acusaciones porque está perfeccionando un acuerdo con la fiscalía. Aquella excusa es inaceptable, pues se trata de dependencias y de procesos distintos.

El código de procedimiento penal le concede la facultad a la comisión de acusaciones de ordenar la conducción de un testigo o un investigado, a través de la policía judicial. ¿Por qué el representante Guerrero no le ha solicitado al CTI de la fiscalía que lleven a Bula para efectos de que responda las preguntas necesarias para determinar qué fue lo que sucedió en la campaña de Juan Manuel Santos?

Estamos ante un vulgar tapen-tapen, en el que las mayorías santistas se han empleado a fondo para evitar que prospere la investigación contra el presidente Santos, untado hasta la coronilla con el dinero fruto de la corrupción de Odebrecht.

@IrreverentesCol

Publicado: junio 8 de 2017