No hay razón para elogiar la imputación de cargos por “el crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes” (secuestro), proferido hace unos días por la Sala de Reconocimiento de la Justicia Especial para la Paz (JEP), a ocho de los antiguos miembros de la cúpula de las FARC, porque considero que después de casi tres años y medio de estar en funcionamiento, y de la cantidad de evidencias que reposan en las Fiscalía General de la Nación, de los miles de testimonios de víctimas y de desertores; de la infinidad de documentación audiovisual y escrita que hay sobre todas las atrocidades cometidas por esa banda narcoterrorista, era lo mínimo que se podía esperar, aunque solo fuera, para justificar los miles de millones que ese esperpento judicial le está costando a la Nación (más de $200.000 millones por año).

Inevitablemente  viene a mi memoria ese 13 de julio de 2018, cuando el ex comandante supremo de la organización narcoterrorista Rodrigo Londoño  alias “Timochenko”, entró por primera vez a ese Tribunal  a responder por el delito de secuestro, jactancioso, con el puño en alto en señal de triunfo y exclamó sonriente: “¡Estoy aquí con una profunda emoción de ver cómo se cristaliza este sueño que tejimos en La Habana!”

30 días tienen los acusados: Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton Toncel, Jaime Parra, Julián Gallo, y Rodrigo Granda, (Juan Cabrera murió la víspera de la imputación), para reconocer los cargos y aceptar “las sanciones propias” o de lo contrario, se verían expuestos a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.

Estoy convencida de que, sin mayores reparos, pero haciendo sí, énfasis en el sacrificio que van a hacer en aras de la paz y de su amado pueblo colombiano, asumirán sus “errores” y se someterán a las tales “sanciones alternativas”, que posiblemente incluyan  alguna  “restricción efectiva de la libertad en establecimientos no carcelarios”, porque en este “modelo inédito de justicia (…) a la que no está acostumbrado el país (…) es una justicia distinta”, tal como nos lo dejó saber en su momento, la anterior presidente de ese tribunal de pacotilla, Patricia Linares.

Un sistema pérfido de justicia paralela, meticulosamente diseñado (tejido, como dijo Timochenko), por los mismos bandidos de las FARC, para expiar sus más aborrecibles crímenes y para condenar a todo aquel que hubiera osado perseguirlos o estorbarlos,  y que el del Nobel aceptó sin chistar con tal de hacerse a su codiciado galardón.

Un blindaje tan perfecto, que los bandidos pueden, inclusive, hacerse (con algún sombrío fin), responsables de crímenes ajenos como parece que es lo que está sucediendo con  magnicidio del doctor Álvaro Gómez Hurtado.

Ojalá la Corte penal Internacional tome atenta nota del despropósito que está a punto de llevarse a cabo en este país.

Mientras tanto, como ciudadanos, no nos queda más que iniciar un movimiento de sanción social para hacer salir esa caterva de bandidos del sagrado recinto de la democracia.

Es inconcebible que criminales de lesa humanidad, permanezcan en el Congreso Nacional, legislando en nuestra representación.

Partida de sinvergüenzas ¡fuera!

@cdetoro

Publicado: febrero 13 de 2021