El espantoso caso de la niña indígena brutalmente raptada y violada por 7 soldados, debe ser motivo para que la sociedad entera cierre filas entorno a la víctima y la justicia proceda con toda la verticalidad del caso frente a los desadaptados que cometieron el execrable delito. 

Pero aquel episodio, repudiable desde todo punto de vista, no puede ser utilizado como argumento para lapidar a la moral de las Fuerzas Militares de nuestro país.

Nuestra Fuerza Pública está integrada por hombres y mujeres honorables, que merecen el respeto y el cariño de la sociedad. 

Si Colombia no sucumbió ante el desafío terrorista de guerrilleros, paramilitares y demás narcotraficantes, fue gracias a la entrega y devoción con las que nuestros soldados y policías defendieron al Estado de derecho. 

Ninguna contemplación con quienes participaron en el secuestro y violación de la niña perteneciente a un resguardo embera-katio, cuyo gobernador ha pedido que los responsables del hecho sean entregados para efectos de ser juzgados bajo las normas de la comunidad indígena. Los involucrados en el hecho, son delincuentes que mancillan el honor de nuestras Fuerzas. 

Al margen de la solicitud del gobernador del resguardo, lo cierto es que este hecho debe ser sancionado sin dilaciones. La violación de esa niña le ha causado una tremenda herida a toda Colombia y el castigo debe ser proporcional al daño infringido. 

Los delitos sexuales son merecedores del mayor repudio ciudadano, independientemente de quien los cometa. Ya sea un soldado, civil o terrorista de las Farc, quien viole a una persona -sobre todo a un menor de edad- debe ser castigado con toda la severidad. 

El presidente Iván Duque lamentó el hecho diciendo que “no toleramos ningún tipo de abuso a menores de edad y mucho menos cuando involucre uniformados que enlodan el honor de las fuerzas con actos ruines como el denunciado en Pereira contra niña indígena. He dado orden a @mindefensa apoyar diligentemente investigaciones de @FiscaliaCol”

Por su parte, el presidente Uribe expresó que “el delito de los 7 soldados duele por la niña, por familia, por la unidad de un país multi étnico, por las familias de los soldados y por el nombre de nuestras FFAA que son el pilar de nuestra democracia”.

El Fiscal General, Francisco Barbosa ordenó el envío de un grupo especial de investigadores con el mandato de que avoquen el caso con la celeridad debida para efectos de determinar qué sucedió y cuántas personas participaron en los hechos. 

@IrreverentesCol

Publicado: junio 25 de 2020