Abundan los testimonios del bajo mundo que vinculan de forma directa a Horacio Serpa con el asesinato del dirigente conservador, Álvaro Gómez Hurtado.

Durante el proceso 8000, el doctor Gómez se convirtió en la talanquera moral de la República, constituyéndose en una verdadera amenaza para el narcorégimen encabezado por Ernesto Samper. 

El crimen del paladín conservador se ideó en Bogotá y sus detalles se afinaron en Cartago, ciudad que hacía las veces de “meca” para el cartel del Norte del Valle. 

Existen suficientes evidencias que demuestran que la persona encargada de llevar y traer la información, fue el abogado samperista e íntimo amigo de Horacio Serpa, Ignacio Londoño Zabala, alias Nacho

Ramón Quintero Sanclemente, alias RQ es un capo del cartel del Norte del Valle que fue extraditado a los Estados Unidos en diciembre de 2011. 

Desde su prisión en Florida, Quintero ha enviado toda suerte de mensajes a la justicia colombiana en el sentido de que él posee información de primera mano que ayudaría a dilucidar el crimen del doctor Gómez, concretamente sobre los determinadores del mismo. 

Las pruebas indican que Horacio Serpa, a través de Nacho Londoño, le transmitió al jefe del cartel del Norte del Valle -Orlando Henao Montoya- la orden de matar a Gómez Hurtado.

Dada la magnitud de la instrucción, Henao Montoya exigió que Serpa se lo dijera personalmente. Según el abogado Enrique Gómez Martínez -sobrino del líder asesinado-, la reunión entre el entonces ministro del Interior y el  capo tuvo lugar en un apartamento en el barrio Multicentro, al norte de Bogotá. 

Allí, se selló la suerte de quien fuera, sin lugar a dudas, uno de los hombres más importantes del siglo XX en Colombia. 

El crimen parecía perfecto. Los mafiosos hacían el trabajo sucio, con el apoyo de un sector corrupto de la policía -encabezado por el compinche y socio del general Naranjo, el coronel Danilo González- y el presidente Samper sustraía del mapa a su principal y más fuerte opositor. 

El exministro de Defensa, Fernando Botero, en una de sus declaraciones ante la justicia confesó que el DAS -que estaba bajo la dirección del siniestro Ramiro Bejarano Guzmán- le hacia seguimientos al doctor Gómez antes de su muerte. En criterio de Botero Zea, aquel “fue un crimen de Estado”.

Meses después del asesinato, Samper logró que uno de los suyos, Alfonso Gómez Méndez fuera elegido por la corte suprema como fiscal general de la nación. 

Gómez Méndez, de reconocida filiación samperista es considerado como el sepulturero de la investigación del asesinato. A pesar de las pruebas que implicaban al gobierno, el fiscal se encargó de desviar la investigación a través de una tesis peregrina que sostenía que el crimen fue llevado a cabo por un sector del ejército que quería silenciar a quien supuestamente se opuso a participar de un golpe de Estado. Esa fábula, parece sacada de las páginas de un libro de John le Carré.

En diciembre de 2017, cuando se conmemoró el aniversario 22 del magnicidio, el fiscal general de la época, Néstor Humberto Martínez declaró que el de Gómez Hurtado era un crimen de lesa humanidad. 

En virtud de esa determinación, se garantiza que el asesinato no prescribirá, razón por la que los responsables, que se frotaban las manos, tarde o temprano serán conducidos ante los tribunales de la justicia. 

Concretamente, a Ernesto Samper y Horacio Serpa se les aguó la fiesta. Ellos le apostaron el todo por el todo a la impunidad. No ahorraron esfuerzos para insultar, perseguir y maltratar a la familia del líder ultimado. Como buenos cobardes, se valieron de un sicario moral, el cuestionado Jorge Gómez Pinilla, un sujeto oscuro que no ha aclarado sus vínculos comerciales y societarios con uno de sus hermanos que es un peligroso capo del narcotráfico. 

A través de artículos cargados de mentiras -y ahora de un pasquín recientemente publicado-, Gómez Pinilla le ha hecho un servicio deleznable a los asesinos del doctor Gómez Hurtado, prestándose para ocultar las pruebas y tratar de desviar la atención.

Uno de los propósitos del fiscal general, Francisco Barbosa es el de combatir de frente y sin dobleces a la impunidad. El caso del doctor Gómez es una vergüenza. Han pasado cerca de 25 años sin que la justicie obre. 

Por el bien de la democracia, del Estado de Derecho y, sobre todo, por los derechos de las víctimas -la familia Gómez- los responsables deben ponerle la cara a la justicia. Horacio Serpa tiene que responder. Ha trascendido que el exministro tiene algunas dificultades de salud, razón por la que hay que hacer votos para su pronta recuperación. Larga a vida a Horacio Serpa para que, en nombre de la sociedad, la fiscalía pueda llevarlo ante su juez natural -la corte suprema de justicia- para efectos de que dé las explicaciones y responda sin esguinces ni artimañas politiqueras por los graves señalamientos que se han hecho en su contra y que apuntan a una verdad apodíctica: que él es el determinador del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado.

@IrreverentesCol

Publicado: abril 22 de 2020