El país está en un estado de percepción colectiva de inseguridad, resultado de una secuencia de hechos violentos de todos los órdenes. La última encuesta de la firma Invamer así lo demuestra. Los ciudadanos de las principales capitales consideran la inseguridad como el principal problema que tiene su ciudad (Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Bucaramanga).

Colombia ha sido un espiral de violencia durante los últimos 200 años. Pareciera que el ángel de la muerte deambulara por toda la Patria sin dar tregua, ni pausa. Pero, las cosas suceden por un hecho generador, y por consiguiente tienen una causa.

No me detendré a repasar los hechos históricos, inmodificables y tormentosos de por sí. La inseguridad que vivimos, y que no se puede negar, ni minimizar, tiene una causa poderosa, el deterioro institucional, base fundamental de toda sociedad civilizada y democrática.

En Colombia, se viene acabando con la institucionalidad, para darle paso a una serie de hechos, supuestamente legales y constitucionales, donde prima la negociación y entrega del Estado de Derecho. El Estado Lleva cerca de tres décadas negociando con delincuentes, narcotraficantes y terroristas. La Constituciòn del 91 tiene una historia oscura y dudosa por contar y aclarar, donde primó intereses particulares para favorecer narcotraficantes, eliminando la extradición de nacionales. Además, fue la cúspide del proceso de negociación entre el Estado y la banda terrorista del M-19. Impunidad total.  

Otro antecedente que alimentò y alienta la criminalidad, fue el acuerdo secreto entre el gobierno de Cesar Gaviria y Pablo Escobar, donde la institucionalidad quedó reducida y simbolizada a una cárcel personalizada, convertida en catedral de la decadencia e ignominia de la Justicia y del Estado Colombiano.

El Estado, y parte de la sociedad, han sido complacientes silenciosos del crecimiento de la criminalidad e inseguridad. Solo levantan su voz de auxilio cuando tocan sus intereses económicos o atentan contra su integridad física. Aquí, se convirtió en paisaje y algo normal, que el país este inundado por más de 250 mil hectáreas de coca y otros cultivos ilícitos. Nadie dice nada y resuelve nada, solo nos quedamos en debates académicos, médicos, científicos, donde los intereses políticos pesan y ahogan en debate central.   

Mientras avanzaba el Gobierno del expresidente Santos en otro capitulo claudicante y vergonzoso de entrega y negociación de la institucionalidad con la banda narcoterrorista de las Farc, en el país crecía sin control alguno las fuentes que alimenta todas las formas de ilegalidad, que generan inseguridad rural y urbana.

Juan Manuel Santos, para lograr el proceso de paz, entregò el país a todas las fuentes de ilegalidad incrustadas en todas las regiones del país.

Narcotráfico, microtrafico, minería ilegal, contrabando, “gota a gota”, juegos de azar, tráfico de combustibles, y hasta el negocio ilegal de madera crecieron desmedidamente durante los últimos ocho años.

El daño está hecho. Los ciudadanos de bien están atrapados en medio de un aparato de Justicia ineficiente y lamentablemente corrupto; un sistema penitenciario vergonzoso y cómplice de la delincuencia; un sector político que acorrala a las Fuerzas Militares y exige reducción de su presupuesto para funcionamiento; alcaldes y gobernadores, que por mandato constitucional deberían liderar temas y estrategias para combatir la inseguridad, metidos en escándalos de corrupción, vanidades personales, y politiquería.

Por último. Un bello, pero lamentable ejemplo de la complacencia de la sociedad y que permite o abre camino a la inseguridad, fue y es la negación al cumplimiento del Código de Policía, norma policiva básica de cumplimiento cívico, que permite la construcción del orden y la seguridad, muros de contención contra la inseguridad.

Lamentablemente, el gobierno aplazó el debate y aprobación de porte y tenencia de armas, como instrumento legal, y derecho universal de defensa de los ciudadanos y comunidad. De igual forma se debe abrir el debate de asociaciones o empresas de vigilancia y seguridad comunitaria que soporten sistemas virtuales de vigilancia en coordinación con las autoridades.  

Todo está por hacer para recobrar la seguridad, es cuestión de voluntad política y de solidaridad y apoyo ciudadano.    

@LaureanoTirado

Publicado: mayo 14 de 2019