El secretario de la JEP, Néstor Raúl Correa, se inventó una confesión del exministro de Protección Social, Diego Palacio Betancourt.

La primera actuación de la denominada justicia especial de paz es prueba absoluta e incontrovertible de que ese tribunal fue montado para perseguir políticamente a quienes desde la democracia combatieron a los terroristas de las Farc, particularmente el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Hace unos días, el exministro Diego Palacio Betancourt, condenado injustamente en el marco de la yidispolítica, envió una carta al secretario de la JEP en la que solicitaba ser incluido en dicho mecanismo para efectos de poder recibir los beneficios contemplados por el mismo.

Aunque cuestionable la decisión del exministro, él, que fue encarcelado sin pruebas y por motivos políticos –existen grabaciones de magistrados de la corte suprema cuadrando su condena por “conveniencia política”- tiene todo el derecho de buscar la manera de recobrar la libertad que nunca le debió haber sido arrebatada.

En una carta de 20 páginas, el pasado 22 de marzo de 2017, el doctor Palacio le expresó al secretario de la JEP, Néstor Raúl Correa Henao “mi disposición a someterme a la jurisdicción especial de paz y reclamo la libertad transitoria condicionada y anticipada”.

En la comunicación, el doctor Palacio hace un recuento de su situación jurídica, partiendo de la condena a  80 meses que le fue impuesta en abril de 2015.

Se lee en dicha carta que “la conducta judicializada en mi contra, fue cometida –según la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia-, en mi calidad de ministro de la Protección Social, lo que acredita la calidad de servidor público (empleado o trabajador del Estado), y por ende, de agente del Estado a la luz de lo dispuesto en el citado Acuerdo Final”.

De manera expresa, el doctor Diego Palacio sintetizó su solicitud de ser acogido en la JEP, en los siguientes términos: “…es acertado afirmar que ostento la calidad de agente del Estado para resultar beneficiado de la libertad transitoria condicionada y anticipada, ya que para la fecha de los hechos judicializados era empleado del Estado (ministro de Protección Social), sin hacer parte de ningún grupo armado al margen de la ley –razón por la cual no es necesario acreditar el acto de desmovilización- y la conducta judicializada se encuentra relacionada con el conflicto armado, reiterando que mi comportamiento se encontró siempre circunscrito a la ley, y que como miembro del Gobierno estaba convencido y comprometido con la Política de Seguridad Democrática, pues estaba seguro que esta era la manera de acabar con el flagelo de la violencia”.

Queda claro que el doctor Palacio no reconoce, en ninguna parte de su escrito, haber cometido algún delito o haber comprado la reelección del presidente Álvaro Uribe.

El secretario de la JEP, Néstor Raúl Correa, quien como lo revelaron oportunamente LOS IRREVERENTES, llegó a ese cargo impulsado por el cuestionado rector de la universidad Externado de Colombia, Juan Carlos Henao, en esta, que es su primera actuación como secretario de la justicia especial de paz, ha demostrado que su función allí no es la de garantizar justicia, sino la de desatar una feroz persecución política.

Según el periódico El Espectador, Correa afirmó que el exministro Palacio “sería el primer funcionario del gobierno Uribe que acepta que sobornó a Yidis Medina para recibir su voto”.

Miente de forma flagrante el secretario de la JEP, quien debe renunciar inmediatamente a su cargo. No es admisible que se invente una confesión y que manipule de forma alevosa las comunicaciones que presentan los perseguidos políticos del uribismo que deciden acogerse a la justicia especial de paz, como manera para recobrar su libertad.

Este portal está en la capacidad de confirmar que otro exministro del gobierno Uribe condenado ha presentado una solicitud ante la JEP, en la que no acepta haber cometido delito alguno.

Este mecanismo de justicia, que como se ha dicho con insistencia es escalofriantemente parecido al tribunal medieval de la inquisición, tiene dos objetivos: absolver de manera expedita a los genocidas de las Farc y condenar al uribismo con base en “confesiones” que solo existen en la mente perversa del secretario de dicho organismo, el valido de Juan Carlos Henao, Néstor Raúl Correa.

De mantener a Correa en la JEP, el gobierno estará confirmando que efectivamente ese individuo está ocupando el cargo de secretario para hacer mandados y perseguir a personas honorables cuyo único pecado ha sido el de enfrentar con valentía republicana el desafío criminal que las Farc le plantearon durante décadas a nuestra democracia.

Acá puede leer la carta que el exministro Diego Palacio le envió al secretario general de la JEP: Carta

@IrreverentesCol

Publicado: abril 4 de 2017