Hace ya casi 32 años, llegaba de clases en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UPTC en Tunja, y algunos compañeros de universidad nos reuníamos en una casa detrás del coliseo del claustro, lugar del que disponíamos como residencia estudiantil y que llamábamos “El Refugio”, para celebrar, ese 6 de noviembre, un cumpleaños al mejor estilo de la época de estudiantes de universidad pública.  

Las noticias que llegaban por la radio daban cuenta de los sucesos de la toma del Palacio de Justicia por parte de un grupo guerrillero, que tenía como rehenes además de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, a todas las personas que se encontraban allí en el momento de la toma. Los guerrilleros del M-19 pretendían forzar al gobierno del presidente Belisario Betancur, a que éste asistiera a la realización de un juicio político, ante el incumplimiento de lo pactado en Corinto (Cauca) el año anterior y para ello aspiraban a contar como jurado de conciencia o fiscales del proceso con el pueblo colombiano y como jueces a los magistrados. Tamaña estupidez en un país de diversos intereses. 

El hecho concentró nuestra atención. Olvidamos la celebración y abrimos campo a la tertulia política. Por esos años la universidad pública era un laboratorio de ciencia y conciencia moral y política, en el que brotaban las mejores ideas para hallar el punto de encuentro hacia el mejor modelo económico que nos permitiera desarrollarnos entre la libertad del mercado de Adam Smith y el Estado proletario de Karl Marx. Era la forma de convivencia entre las múltiples simpatías estudiantiles por los movimientos revolucionarios y armados de la época.   

La noche se escapó entre los tragos, el humo de los cigarros y la música. En la noche del día siguiente, luego de una jornada más de academia, pudimos comentar los acontecimientos y ver algunas imágenes de las pocas que trasmitieron por la televisión nacional. El edificio de la administración de justicia, en donde funcionaba el órgano de cierre de una de las tres ramas del poder público había sido devastado por la fuerza de las tanquetas oficiales y devorado por las llamas del fuego cruzado del Estado y los guerrilleros del M-19, la mayoría de los magistrados desaparecidos. Tengo en mi memoria el recuerdo de algún locutor de radio que informaba en directo sobre el momento en que salió Andrés Almarales del palacio, sin embargo es otro de los desaparecidos. La justicia ardió y como la mayoría de los colombianos lloramos los acontecimientos y condenábamos al Presidente de la República por no haber negociado. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia gozaban del respeto ciudadano. Eran y representaban lo inmaculado del orden y la libertad. Nos dolió la perdida. 

Hoy estamos asistiendo a un nuevo episodio. La Rama Judicial arde en llamas nuevamente. Esta vez no por la acción y reacción del conflicto armado. Los mismos magistrados le prendieron candela a la justicia, promoviendo una actividad comercial y cambiaria, variando la naturaleza y razón de la justicia y los fines esenciales del Estado, para dedicarse de manera ruin, no a proferir autos y sentencias en derecho, sino a expedir facturas cambiarias de compraventa, convirtiendo la barandilla en un mostrador de tienda. Si usted paga se lleva el producto. Si no tiene dinero, operan como una tienda de superficie; no se fía y en cambio se le priva del privilegio del producto. En este caso se le priva de la libertad.  

Qué vergüenza. ¿Para que acudir a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a denunciar conductas socialmente reprochables, antijurídicas y culpables? Ah. ¿Para contribuir a que los Bustos, los Malo y los Ricaurte se repartan esos “negocios” y envíen a sus comisionistas a promover sus decisiones como títulos o papeles de valor al mejor estilo de comisionista de bolsa?. Con razón Leónidas Bustos se oponía al tribunal de aforados. Claro que la poca visión del poder legislativo no permitió que lo entendieran. Él quería que los vigilara la Superintendencia de Valores o la de Industria y Comercio, pues al fin y al cabo él estaba institucionalizando una manera de hacer dinero. Y de qué manera. 

En las tres ramas del poder público en Colombia, hay corrupción. El Estado está desapareciendo. El Estado es fallido y ante semejante circunstancia, no queda otro camino que refundarlo a partir de la concertación y el dialogo político para transigir y ante su fracaso, las vías de facto o la confrontación civil.    

@AlirioMoreno

Publicado: septiembre 5 de 2017