Tan pronto empezó el proceso de paz, desde sectores de oposición se denunció que el propósito real del gobierno era el de propiciar la elegibilidad de los miembros de las Farc que son responsables de crímenes de lesa humanidad. En su momento, el presidente Santos le salió al paso al asunto, asegurando que dichas afirmaciones eran meras especulaciones. Meses después, modificó su opinión y planteó en un evento público que “supongamos que a dedo, el presidente de la República puede decirles a las Farc tienen ocho o diez cupos en la Cámara de Representantes durante uno o dos años. ¿Es un precio grande para parar una guerra de 50 años?”.
Desde entonces se ha dicho que la guerrilla podrá tener representantes suyos en los cargos de elección popular. Se argumenta que nadie negocia para terminar en la cárcel y se reconoce, de manera apresurada y sin mayores fundamentos objetivos, que la guerrilla es eminentemente una organización política.
Con ocasión de la presentación del acuerdo sobre justicia, se dijo que los responsables de crímenes atroces recibirían una sanción, la cual no necesariamente debía ser en un centro penitenciario. Pero se había asumido que mientras aquellas personas estuvieran cumpliendo los generosos castigos, habría veda para su participación en política.
Pasan los días, se acerca la hora final del proceso de paz y el gobierno poco a poco ha ido confesando lo que realmente ha acordado con los terroristas de las Farc. El jefe negociador, Humberto de La Calle confirmó que los autores de delitos atroces deberían ser habilitados para ser elegidos o nombrados en cargos de la administración pública.
Joaquín Villalobos, exguerrillero del Salvador fue inhabilitado para hacer política durante 10 años.
¿Castigados y premiados al mismo tiempo?
Pero no se ha hecho claridad sobre un asunto neurálgico y que tiene relación directa con el momento en que empezará aplicarse la facultad de la elegibilidad. Todo indica que, mientras los jefes de las Farc castigados por crímenes de lesa humanidad estén cumpliendo su sanción, que no será en una cárcel, podrán beneficiarse con las curules asignadas a dedo por el Gobierno .
Aquello, sumado a la inminente votación del plebiscito, con la guerrilla aun en armas, es totalmente inaceptable. La elegibilidad de victimarios es una abusiva forma de revictimizar a quienes han sufrido el rigor del terrorismo, agravándose al permitir que el agresor pueda ejercer todos sus derechos políticos mientras cumple la laxa sanción que le será impuesta. Por ejemplo, ¿si habrá curules a dedo para los victimarios, no sería justo que un número similar de escaños les fueran adjudicados a las víctimas verdaderas de las Farc?
Entonces, el castigo a los perpetradores de los peores crímenes que se han cometido contra la sociedad colombiana será, en la práctica, un premio: su habilitación incondicional e inmediata para el ejercicio político.
En el proceso de paz de El Salvador, se pactó que los delincuentes con los que se negoció no podrían durante un lapso de 10 años aspirar a cargos públicos de cualquier tipo. Al exguerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos, persona a la que Santos le consulta muchas de sus decisiones en el proceso de paz, le fue impuesta una sanción de ese tenor por haber participado en hechos que fueron considerados como violatorios de los Derechos Humanos.
Lo interesante es que esa Sanción contra los guerrilleros salvadoreños emanó de un documento que elaboró la Comisión de la Verdad, con el apoyo de la ONU, en el marco de la misión que dicho organismo desplegó en el país centroamericano.
Dirán que eran otros tiempos, pero lo cierto es que una de las principales razones por la que los procesos de paz en Centroamérica han sido duraderos tuvieron es porque éstos contaron con componentes significativos de verdad y se incorporaron castigos efectivos contra todos los responsables de crímenes que ofenden a la humanidad.
En Colombia, en cambio, las víctimas de las Farc además de no tener acceso a la verdad, tendrán que soportar a sus victimarios ejerciendo el gobierno y fungiendo como legisladores. Y lo que es peor: como está planteado el asunto, quien se queje por esa realidad, corre el riesgo de terminar siendo investigado, procesado y condenado por atentar contra la estabilidad de la paz.
@IrreverentesCol