Quedó listo el mandado de las Farc al samperismo. Ahora, esa banda terrorista ha enviado una carta majadera a la JEP diciendo que ellos fueron los responsables del asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado, crimen cometido en Bogotá el 2 de noviembre de 1995. 

La cuestionada Piedad Córdoba, quien se encuentra en la mira de la justicia norteamericana por sus negocios y acuerdos económicos con el testaferro del régimen de Maduro, el delincuente internacional Alex Saab, fue la encargada de ambientar la farsa. 

Estaba desaparecida de la escena pública desde hace varias semanas. Había anunciado su retiro de la política, precisamente cuando el desplome del régimen mafioso venezolano -del que ella es socia y beneficiaria- se hizo irreversible.

Tarde o temprano, la señora Córdoba terminará sentada sobre la silla de los acusados, no en Colombia sino en los Estados Unidos. 

Pero antes de cumplir su impostergable cita con la justicia, les hizo un último mandado a sus viejos aliados del liberalismo, buscando desviar la investigación por el magnicidio del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado.

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En los años 70 y 80, en el Banco de la República, en el centro de Bogotá, funcionaba una ventanilla ante la que cualquier persona podía presentarse con dólares en efectivo, los cuales eran convertidos a pesos sin que mediaran cuestionamientos de ninguna naturaleza. 

Así, a través de esa ‘ventanilla siniestra’, el emisor terminó convirtiéndose en una de las principales lavanderías de dólares de Colombia. 

Algo parecido está sucediendo en materia penal con la JEP. Sin rigor ni disciplina judicial alguna, ese tribunal se ha consolidado en la principal fuente de impunidad de la historia republicana de nuestro país; una ‘ventanilla siniestra’ para lavar las culpas de los terroristas y de quienes les han prestado servicios, como es el caso de Ernesto Samper y Horacio Serpa, dos de los principales promotores y validadores del acuerdo Santos-Timochenko. 

Los cabecillas de esa banda, muchos de ellos fungiendo como senadores y representantes a la Cámara, le remitieron una carta a la presidenta de la JEP ‘confesando’ que las Farc, son los responsables del asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado. 

Exótico que, después de 25 años y sin que exista una mínima evidencia que apunte hacia ese grupo terrorista, los cabecillas de la banda aparezcan reconociendo el crimen.

¿Cómo harán para desbaratar el cúmulo de pruebas que sustentan la teoría del caso sobre la que ha hecho importantes avances la Fiscalía? ¿Acaso las Farc en 1995 tenían la capacidad de adelantar una operación criminal en Bogotá con el apoyo de unidades de la policía? Está perfectamente establecido que los sicarios que acabaron con la vida del doctor Gómez y de su escolta, pudieron huir gracias al concurso decidido de miembros corruptos de la policía que estaban al servicio del entonces coronel Danilo González, hombre de confianza de los capos que integraban al denominado ‘cartel del norte del Valle’. 

La investigación ha permitido recaudar pruebas y testimonios que apuntan hacia un mismo sitio: la autoría material de la mafia vallecaucana, en alianza con un sector corrupto de la policía. El determinador del crimen: el gobierno de Samper, específicamente el presidente de la República y su ministro de Interior, Horacio Serpa. 

Ellos -Samper y Serpa- se valieron de uno de los miembros del cartel, Ignacio Londoño Zabala, alias ‘Nacho’ para trasmitir la solicitud, la cual fue evaluada y definida directamente por el cabecilla de esa estructura delincuencial, Orlando Henao quien, existen evidencias, se reunió personalmente con Horacio Serpa en un apartamento en el norte de Bogotá para confirmar que efectivamente el alto gobierno estaba interesado en sacar del camino al doctor Gómez Hurtado. 

Así mismo, hay pruebas materiales de las órdenes de seguimiento y perfilamiento contra el jefe conservador, llevadas a cabo por el DAS, entidad que en el gobierno de Samper funcionó como una policía política bajo la dirección del siniestro Ramiro Bejarano Guzmán, conocido en el mundo del espionaje con el alias de ‘El Sabueso’. 

Llama la atención que las Farc durante dos décadas y media no hayan reclamado la autoría del crimen de Gómez Hurtado, a quien veían como un enemigo absoluto de su organización, desde el mismo instante en que el terrorista ‘Tirofijo’ fundó con otros bandoleros al denominado ‘bloque sur’, luego de las operaciones militares en Marquetalia y Río Chiquito, durante el gobierno de Guillermo León Valencia.

Desde la década de los 60 del siglo pasado, el doctor Gómez Hurtado fue uno de los más aguerridos y decididos críticos de la guerrilla en Colombia. Una de esas estructuras, el M-19, lo secuestró en 1988. 

No tiene sentido que las Farc hayan sido los ejecutores del crimen. Esa hipótesis, va en contravía de cientos de miles de folios que integran el expediente que durante 25 años ha ido elaborando la justicia colombiana. Resulta inverosímil que la guerrilla, por ejemplo, estuviera aliada con el DAS y con la policía. 

La ‘confesión’ que ha aparecido en las últimas horas, deberá ser sustentada con hechos que confirmen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el magnicidio. Las Farc deberán contar quién fue el encargado de disparar, cómo pudo huir, cómo accedió a los perfilamientos hechos por el DAS, dónde obtuvo los informes de inteligencia para llevar a cabo el atentado, porqué logró que la policía despejara el camino que utilizaron los sicarios para emprender la fuga y, muy importante, desmontar con pruebas los testimonios de un importante número de miembros del narcotráfico que han coincidido en afirmar que ellos -la mafia- fueron los responsables del crimen. ¿O es que las Farc y el ‘cartel del Norte del Valle’ eran socios de fechorías y el país nunca lo supo? 

Los defensores de las JEP, alegan que ese tribunal fue creado para que la sociedad tenga oportunidad de conocer la verdad de lo ocurrido con ocasión del denominado ‘conflicto armado’. Lo cierto es que esa jurisdicción es una cueva oscura e ilegítima que, además, está siendo utilizada para salvarle el pellejo a peligrosos criminales que, en vez de camuflado, utilizan corbata, como es el caso de Ernesto Samper y la bandola con la que gobernó a Colombia gracias al patrocinio del ‘Cartel de Cali’. ¿O será que las Farc también van a decir que fueron ellos los que enviaron las cajas llenas de efectivo a la casa de Santiago Medina, dinero que sirvió para comprar la elección samperista en 1994? 

@IrreverentesCol

Publicado: octubre 4 de 2020