Desde esta tribuna de opinión hemos defendido con argumentos, importancia de instituciones de todo orden en la estructura democrática y constitucional que nos rige. Lo hicimos con vehemencia en el debate del plebiscito, donde se pretendió -como finalmente se impuso- la modificación arbitraria, burda y antidemocrática de la Constitución Política de Colombia.

Después de que el país conoció los hechos que rodearon la solicitud de extradición del narcoterrorista “Jesús Sàntrich”, solo queda sentenciar que se enloquecieron los integrantes de las altas cortes, no solo con el caso que nos ocupa, sino también por otros casos de connotación pública que dejan a la juridicidad en el peor escenario, y a la sociedad en total desconcierto.   

Por ejemplo:

El Concejo de Estado anuló la elección de Aída Merlano Rebolledo, como Senadora de la República, para el periodo 2018-2022, por estar involucrada con una organización criminal de compra de votos a pesar que la sindicada no ha sido vencida en juicio por la Corte Suprema de Justicia. El Consejo de Estado consideró que sí estaba probado que Merlano dirigió esa organización para beneficiarse en las elecciones del 2018. ¡Hágame el favor!

En el caso de Sántrich, todas las cortes rompieron record guinness en cambió de jurisprudencia para beneficiar intereses eminentemente políticos y ubicarse descaradamente en un estadio de la opinión pública.

La misma Corte Suprema en providencia que resuelve solicitud de Habeas Corpus, había definido claramente la condición de aforado: «Adicionalmente, el señor Seuxis Paucias Hernández Solarte no tomó posesión efectiva de su cargo y, como consecuencia, no puede decirse que, para estos precisos fines, se tratara de un congresista en ejercicio efectivo de sus funciones legislativas, que, como ya se dijo, es a quien resguarda efectivamente la norma con el fuero» (Providencia AHL3514-2018).

Pero, la misma Corte Suprema, en medio del pulso que libraba la Fiscalía General de la Nación con la JEP por Sántrich, profiere sorpresivamente orden de libertad a favor del extraditable construyendo una nueva jurisprudencia en materia de fuero constitucional, contrariando sus mismas providencias para beneficiar un caso particular.  Para la Corte Suprema el requisito de posesión de congresista no es requisito esencial para obtener el fuero constitucional: «Para resolver el problema, la Sala encuentra que el acto solemne de la posesión no es un requisito indispensable para que SEUXIS PAUCIAS HERNÁNDEZ SOLARTE tenga el fuero constitucional como congresista. Tan solo basta que ostente la investidura como tal, que es lo que sucede en este caso».

Lo aberrante de todo este espectáculo gestado milimétricamente en el contenido del pacto de impunidad de La Habana, es la inseguridad jurídica en la que estamos sumergidos y sometidos los ciudadanos; y de igual forma los inversionistas extranjeros, necesarios en el desarrollo y generación de empleo.

Pero no solo son estos dos casos los que tienen en crisis la justicia. Son miles los casos que se presentan en juzgados, tribunales y altas cortes, donde a través de tutelas, acciones populares, o cualquier otro mecanismo, se modifica la jurisprudencia, se alteran sentencias, y se emiten fallos que dejan en duda la majestad y dignidad de los jueces.

Todas las altas cortes han tenido su cuota en este asunto que dejó de ser un choque de trenes y es el descarrilamiento total del sistema. Que puede exigirse a la gran base de jueces y fiscales de la pirámide judicial, si en la cúspide solo se tienen salidas en falso, carteles de cohechos y carrusel de favorecimientos para beneficios personales.

Esperamos que ahora la Corte Suprema de Justicia cite con urgencia a indagatoria al aforado “Sántrich” y allí resuelva su situación jurídica con medida de aseguramiento. De esa forma se aplica el artículo 134 de la C.P. y su parágrafo transitorio “silla vacía” y garantía a víctimas de no evasión.

@LaureanoTirado

Publicado: junio 4 de 2019