Lenta y silenciosamente, se viene cocinando una tragedia en nuestro país por cuenta del contrabando de acero desde Turquía y China. No se trata de la importación de un bien para ponerlo en el mercado a un mejor precio. El asunto es de mucha mayor trascendencia.

El pasado 4 de octubre, el ministerio de comercio, industria y turismo, hizo pública la resolución 1856, “por la cual se expide el reglamento técnico aplicable a barras corrugadas de baja aleación para refuerzo de concreto en construcciones sismo resistentes que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia”.

El objetivo del ministerio, como es natural, es el de fijar unos estándares mínimos técnicos en las barras de acero corrugado para efectos de garantizar el cumplimiento de los estándares que se requieren para evitar el colapso de las obras, como ocurrió con el edificio que en abril del año pasado se desplomó en la ciudad de Cartagena y que cobró la vida de 21 personas que allí se encontraban trabajando.

Cerca del 90% de la población colombiana vive en zonas con posibilidades de que se presenten sismos, razón por la que es imprescindible que las construcciones se hagan con el mayor rigor posible para evitar tragedias de incalculables consecuencias en caso de que se presente un movimiento telúrico.

Las cifras son espeluznantes. De acuerdo con la DIAN, a nuestro país han entrado, desde el año 2014, más de 155 mil toneladas de barras para la construcción. La mayoría de ese material proviene de China y Turquía y de acuerdo con los expertos, este no cumple con los requisitos sismo resistentes.

Se ha denunciado, por ejemplo, que los importadores de aquellas barras alteran su composición química con el fin de reducir el arancel que debe pagarse. Así, además de evadir más de $40 mil millones de pesos en impuestos, se pone en grave riesgo la vida de las personas que habitarán en las casas y apartamentos que se construyen con esos materiales.

La treta de las empresas importadoras, que ya están en la mira de las autoridades, consiste en importar el acero como si se tratara de aleaciones, para efectos de pagar menores impuestos, para luego comercializar dichas barras en el mercado nacional presentándolas como si fueran corrugadas, es decir, sin alear.

Este portal pudo establecer que entre las empresas que están bajo investigación por este tipo de prácticas abiertamente irregulares y posiblemente ilegales están Laminados del Caribe, Steckerl Aceros y Servicios y Aceros Seracer.

En distintos escenarios, expertos en la industria del acero han alertado sobre el peligro en el que se encuentra nuestro país. Con el acero de baja calidad que fue importado tan solo el año pasado, se habrían podido construir 30 mil viviendas de interés social. La pregunta que muchos se hacen en este momento es, ¿qué pasará con todos los inmuebles que fueron edificados con acero de baja calidad? No exageran quienes dicen que, por cuenta de unos empresarios inescrupulosos, nuestro país se está construyendo sobre palos de balso, que en cualquier momento pueden colapsar.

@IrreverentesCol

Publicado: febrero 20 de 2018